El diputado y vicepresidente de la bancada de Cambiemos, Esteban Vitor, lamentó que las Juntas de Gobierno, de acuerdo a lo estimado en el Presupuesto 2017, reciban un tercio de lo que cobra el Nuevo Bersa como agente financiero de la provincia. “En seis meses el gobierno le pagó al Banco unos 140 millones, que en la proyección anual será de unos 300 millones, mientras que para 2017, las 194 juntas de gobierno de la provincia tienen presupuestados 96 millones”, comparó Vitor.
“Las juntas de gobierno son de los pueblos más alejados de toda la provincia y donde vive un 20% de los entrerrianos. Tienen un presupuesto exiguo que no les permite atender cuestiones mínimas. Y a pesar de eso tienen que responder hasta por los caminos. En muchos casos, sus ingresos mensuales van de los 11 a cerca de 70 mil pesos, según el tamaño de las poblaciones”, dijo el diputado macrista y afirmó: “La decisión política de no asignarles recursos y de no jerarquizarlas como manda la Constitución, cercena su autonomía que ya está seriamente dañada por los magros ingreso que perciben”, lamentó.
Luego, dijo: “La relación que hoy tiene la Nación con la provincia tiene que impactar en las Juntas de Gobierno.Los beneficios que hoy llegan del gobierno nacional tiene que caer por derrame a los estados más chicos. En las 194 Juntas de Gobierno también viven entrerrianos que esperan mejores condiciones de vida”, aseguró el diputado.
“La decisión de no avanzar en una ley de Juntas de Gobierno desalienta a quienes tienen vocación para trabajar por los vecinos. Es inviable una gestión, con un presupuesto de 11 mil pesos como se les asigna a algunas Juntas. Sin autonomía, los presidentes de estas comunidades están atados al gobierno”, afirmó.
Acciones concretas
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Vitor propuso, en la Cámara que integra, y a través de un proyecto de ley, garantizar fondos en concepto de asignación a las Juntas de Gobierno, hasta tanto se sancione la prometida ley de comunas que reglamente la Constitución provincial. El proyecto apela al artículo 281 de la Carta Magna entrerriana, por el cual si pasado más de un año de la vigencia de ésta aún no fueron reglamentados ciertos institutos o mandas, el Ejecutivo podrá dictar “con carácter provisorio, los decretos reglamentarios que exija la aplicación de los nuevos preceptos constitucionales”. Por eso, en caso de aprobarse la propuesta, el presupuesto 2017 deberá contemplar estos montos.
En su proyecto, el dirigente del PRO pide al Ejecutivo entrerriano que “incluya en el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2017, una partida compuesta por el 1 % de los recursos provenientes de la coparticipación nacional y el 1% de los tributos de origen provincial, con el objeto de que dichos fondos sean transferidos a las Juntas de Gobierno de la Provincia en concepto de asignación, modificando el sistema establecido en el Artículo 14º de la ley 7555”. Para ello, “deberá establecer la proporcionalidad de las asignaciones, respetando las escalas previstas para cada categoría de Junta de Gobierno, conforme lo establecido 14º de la ley 7555”
El diputado recalcó que las necesidades de financiación para estas jurisdicciones rurales, “existe en la magnitud establecida en la Constitución Provincial, pero no tiene su correlato en la legislación ni tampoco en el presupuesto”, con lo cual “este desfasaje legal y consecuentemente financiero, tiene como resultado una deficitaria prestación de servicios en los centros de población rural, lo cual transforma a sus vecinos en ciudadanos de segunda clase”.
“La asignación de recursos adecuados y constitucionales, es una urgencia que debe ser encarada por el Poder Ejecutivo provincial, mediante un acto administrativo político propio, hasta que se sancione por la Legislatura una Ley Orgánica de Comunas y una nueva Ley de Coparticipación que prevea la inclusión de las comunas”, instó.
Tambièn las intendencias
A su vez, Vitor advirtió que las intendentes tambièn esperan mejoras en sus ingresos. “Es necesario replantearse algunas leyes. La provincia no està coparticipando a los municipios lo que recauda por impuestos. Los intendentes podrìan recibir entre 300 y 400 millones de pesos si la provincia coparticipa el aumento de impuestos determinado por la ley 10270”, sancionada en 2014, por la anterior administración provincial de Sergio Urribarri.
“Por esa ley de 2014 recaudaron unos 2 mil millones, por lo que la transferencia para los municipios sería de entre 300 y 400 millones”, estimó Vitor. ” Con los intendentes planteamos que se coparticipe ese aumento. Por la Constitución provincial los impuestos son coparticipables, pero como una excepción se votó esta ley con vigencia hasta 2015, pero luego se prorrogó hasta 2019”, explicó.
“Ha cambiado la naturaleza del destino de los recursos. En su momento se pensaron para paliar el dèficit de la Caja de Jubilaciones y finalmente habrìan sido destinados a cubrir el dèficit en general. Ahora la Naciòn va a aportar mil millones para sanear la Caja, es una buena oportunidad para hacer justicia en la distribuciòn de fondos con los municipios”, opinó Vitor.
(Fuente: RecintoNet)