Paraná.(RN).El diputado y vicepresidente de la bancada Cambiemos, Esteban Vitor, pidió una auditoria al Tribunal de Cuentas para que se conozcan los detalles de la contratación que hizo el ex ministro de Trabajo y actual presidente del organismo de contralor, Guillermo Smaldone, en la compra de un softwre a la firma “Relevamientos Ca
Paraná.(RN).El diputado y vicepresidente de la bancada Cambiemos, Esteban Vitor, pidió una auditoria al Tribunal de Cuentas para que se conozcan los detalles de la contratación que hizo el ex ministro de Trabajo y actual presidente del organismo de contralor, Guillermo Smaldone, en la compra de un softwre a la firma “Relevamientos Catastrales”, que le demanda a la provincia una erogación mensual de 550 mil pesos y en total, en los tres años que dura el acuerdo, casi 20 millones de pesos. Esa contratación fue adjudicada por la licitación Pública Nº 84/13, autorizada por Decreto No. 3945/13 MT, y aprobada por decreto No. 32/14 MT del 20 de Enero de 2014.
Vitor, que pidió al Ejecutivo en la cámara que integra y a través de un pedido de informes, detalles sobre esta contratación, redobla el planteo y, tras detallar el proceso administrativo y los montos que eroga la provincia por el software, le advierte al Tribunal que “transcurridos ya 2 años de la aprobación de la licitación, se desconoce qué tipo de software de gestión y administración fue diseñado por la firma adjudicataria Relevamientos Catastrales SA. y qué ventajas o utilidades trajo para el Estado y los operadores este acuerdo”.
Señala, a su vez, que “tampoco se sabe si la firma adjudicataria ha culminado con la implementación total del software o solución informática contratada y que aún el personal que utiliza el sistema informático desconoce cuáles son concretamente las ventajas o utilidades que brinda el nuevo software de gestión o solución informática diseñada por la empresa” que contrató el ministro.
Vitor, que formalizó la presentación este jueves planteó su preocupación porque “a la fecha se desconoce en qué consiste concretamente el servicio que presta la empresa Relevamientos Catastrales SA por el cual la Provincia abona el importe mensual de pesos quinientos cincuenta mil $ 550.00”.
Por eso tambièn, a través de la Auditoria que se pide, se deberá verificar y establecer cuales han sido los parámetros o referencias utilizados por la Dirección de Informática de la Provincia para determinar la razonabilidad del precio del contrato celebrado por el Ministerio de Trabajo con la empresa Relevamientos Catastrales SA.
Vitor revela que frente “a la imposibilidad de acceder al contrato definitivo firmado con la adjudicataria, como a sus términos, seria necesario que pueda aclararse si transcurrido los treinta y seis meses de vigencia de contrato, la provincia de Entre Ríos adquiere la propiedad intelectual del software contratado y si continuará funcionando normalmente o requeriría, en cambio, de la asistencia de la empresa contratista para su plena operatividad, circunstancia ésta que podría transformar al Estado en rehén de la empresa adjudicataria no sólo por el uso de la tecnología informática, sino también por la tenencia, uso y disposición de información que pertenece al Estado Provincial en manos de una persona jurídica privada motivada por un interés privado”.
Finalmente, pregunta si “por encontrarse previstos pagos mensuales, deberá verificarse, además, qué organismo del Estado Provincial controla las condiciones de prestación del servicio, su conveniencia, utilidad y modo de realización, determinándose si se ha producido algún incumplimiento contractual por parte de la adjudicataria en la prestación de servicio y si, como consecuencia de tales incumplimientos, se le han aplicado las sanciones o penalidades correspondientes”.
Smaldone, fuera de la investigación
En el pedido de auditoría, Vitor exige que el ministro Smaldone se excuse de intervenir en el control ya que al momento de la contratación se desempeñaba como ministro de Trabajo, cartera que impulsó la licitación y posterior contratación. Y pide que
“recabada la información en forma y tiempo oportunos, se disponga la remisión de lo actuado al Fiscal de Estado y al Procurador General de Justicia para el ejercicio de las acciones civiles y/o penales que pudieran corresponder”. (RecintoNet)