En respuesta a la significativa reducción de ventas en Uruguay debido a la brecha cambiaria con Argentina, un proyecto impulsado por el abogado de Paysandú, Carlos Cabrera, propone la creación de un registro y control para regular el cruce de personas hacia Argentina. La iniciativa busca beneficiar a la población más vulnerable al otorgar prioridad en el cruce a aquellos con un «puntaje socioeconómico» más alto.
La propuesta se centra en la implementación de un sistema informático que cruzaría datos provenientes de distintos organismos estatales, como la Dirección General Impositiva (DGI), el Banco de Previsión Social (BPS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Aduana y el Ministerio del Interior. Esta información generaría un puntaje que determinaría un cupo diario para los cruces fronterizos.
Cabrera explicó que el objetivo es organizar el cruce hacia Argentina, priorizando a la población más vulnerable. En un ejemplo práctico, mencionó que una persona con menos recursos, según el cruzamiento de datos, tendría más posibilidades de obtener un lugar en el cupo diario que alguien con mayores recursos económicos.
La propuesta contempla un cupo diario de 1,000 personas, de las cuales 700 estarían reservadas para la población más necesitada, mientras que los restantes 300 quedarían disponibles para aquellos que no requieren prioridad. El sistema sería anónimo, identificando a las personas solo con un número para habilitar o denegar el cruce.
Cabrera destacó que este control en el cruce fronterizo ayudaría a mitigar el impacto negativo de la diferencia cambiaria sin necesidad de recurrir a medidas más drásticas, como la reforma legal para habilitar la microimportación o la restricción conocida como «cero kilo», que prohíbe el paso de mercadería por las fronteras.
La propuesta surge en un contexto donde el comercio uruguayo ha experimentado una disminución de entre el 30% y el 40%, siendo más acusado en las zonas fronterizas. Salto, en particular, enfrenta altos índices de desempleo y falta de inversiones, agravados por la brecha de precios entre esta ciudad y Concordia, Argentina, que alcanza el 180%.
Este enfoque de controlar el cruce fronterizo busca regular la situación en función de la relación con Argentina, buscando aliviar las comunidades del litoral que han estado sufriendo las consecuencias económicas de la diferencia cambiaria.