Las juezas federales entrerrianas Noemí Berros, Lilia Carnero y Mariela Rojas integran el tribunal oral que juzga al empresario Lázaro Báez en una causa que tramita en la provincia de Chaco.
Berros y Carnero integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná y Rojas el de Concepción del Uruguay. Las tres magistradas presiden las audiencias, que están programadas una por semana, a lo largo del primer semestre del año.
En esta causa, Báez está acusado de una evasión millonaria a través de sus firmas constructoras. Si es hallado culpable, la condena configuraría lo que se denomina “delito precedente” de otras maniobras delictivas, como las que integran la causa llamada “Ruta del dinero K”.
El empresario se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en Buenos Aires. Desde allí participó de la primera audiencia desarrollada en Chaco vía Zoom la semana pasada. El otro imputado es uno de sus socios, el exsenador nacional del PJ Fabio Biancalani, quien asistió en forma presencial. Los restantes acusados son Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, el contador Claudio Bustos y el abogado Jorge Chueco.
La audiencia estaba programada para el 22 de octubre de 2023 y luego para diciembre, pero recién se pudo concretar ahora. Las postergaciones fueron producto de la demora para la producción de determinadas pruebas, entre ellas un peritaje contable de la Corte Suprema de Justicia.
“La acusación contra los cinco imputados se centra en las presuntas maniobras delictivas con facturas truchas que habrían desarrollado a través de la constructora Sucesores de Adelmo Biancalani, con un perjuicio para el fisco estimado en decenas de millones de pesos, cifra que está sujeta a una actualización sustancial”, informó.
Durante la primera audiencia, las defensas plantearon objeciones a las que deberán responder en la próxima, fijada para este jueves, el fiscal federal, Federico Carniel, y los abogados de la AFIP, organismo que participa en el proceso como querellante.
Tanto para Báez -que ya acumula dos condenas penales en los casos “Vialidad” y “Ruta del dinero K”-, como Mendoza y Bustos, la pesquisa que se desarrolló durante años en Chaco representa una de las tres grandes investigaciones judiciales que afrontaron por la presunta evasión a escala multimillonaria que habrían desarrollado durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
El expediente, que tramita ante la Justicia Federal de Chaco, se inició con una denuncia de la AFIP, cuyos sabuesos detectaron irregularidades y presuntos delitos multimillonarios al revisar los libros contables de la constructora, en la que Fabio Biancalani continúa como accionista minoritario.