Pese a que ingresaron iniciativas para reglamentar la Carta Magna en lo que respecta a la ética pública, ninguna fue estudiada en comisión. No obstante, los dos textos conservan el carácter secreto de las declaraciones.
Pese a que ingresaron iniciativas para reglamentar la Carta Magna en lo que respecta a la ética pública, ninguna fue estudiada en comisión. No obstante, los dos textos conservan el carácter secreto de las declaraciones.
Paraná.(RN).El año que termina no fue, como su antecesor, el período legislativo en que se avanzara en iniciativas que reglamenten la Constitución de 2008, pese a que, como ya marcó Recintonet, fueron ingresados textos de ley que trabajaran al respecto. Uno de los artículos que sigue esperando por su operatividad es el 37, referido a la ética pública y el acceso a las declaraciones juradas de autoridades y funcionarios provinciales, que hasta el momento siguen siendo secretas.
Los diputados provinciales Rosario Romero (FpV-Paraná) y Fuad Sosa (UCR-Nogoyá) fueron los autores de las dos iniciativas. Pero, en ambos casos, se conserva el carácter secreto de las declaraciones juradas, que también podrán ser abiertas ante tres casos –como ocurre actualmente-, pero junto a ellas se deberá entregar una declaración sintética, la que será de carácter público.
La legisladora señala en su iniciativa respecto a la forma de presentación, custodia y conservación: “Cada autoridad de aplicación determinará, en su ámbito de competencia, los procedimientos para la recepción, custodia y conservación de las declaraciones juradas de bienes. Las mismas deberán acumularse sucesivamente y conservarse en conjunto hasta, por lo menos, cuatro (4) años con posterioridad al egreso efectivo del funcionario”. Y, en el artículo 9 propone sobre el carácter de las declaraciones juradas de bienes: “Se presentarán en sobre cerrado y lacrado, debiéndose seguir el siguiente procedimiento: La declaración jurada detallada tendrá carácter de secreta y solo podrá ser abierta en los siguientes casos: Por solicitud escrita del declarante o de sus sucesores. Por decisión del juez competente. Por requerimiento de la autoridad de aplicación”. y añade en el inciso b: “Un sobre con la declaración jurada sintética, que será de carácter público y que contendrá la información general del patrimonio, conforme lo establecerá la reglamentación”. Y agrega que “el nombre de quienes hayan presentado las declaraciones juradas sintéticas, se publicará en el Boletín Oficial de la provincia”.
Por su parte, Sosa también presentó una iniciativa en la misma línea, donde en el artículo 9 también propone que “las declaraciones juradas de bienes se presentaran en sobre cerrado y lacrado, debiéndose seguir el siguiente procedimiento: a) la declaración jurada tendrá carácter de secreta y solo podrá ser abierta en los siguientes casos: Por solicitud escrita del declarante o de sus sucesores. Por las autoridades de aplicación. Por decisión de juez competente” y añade el inciso b, que reza: “Un sobre con la declaración jurada sintética, que será de carácter público y que contendrá la información patrimonial requerida. El nombre de quienes hayan presentado las declaraciones juradas sintéticas, se publicara en el Boletín Oficial de la provincia”.
Además, establece que “en cualquier tiempo toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado”, dando cuenta de los datos del peticionante y el objeto de la petición.
También los proyectos, a los que accedió Recintonet, amplían el rango de funcionarios que deberán presentar las declaraciones juradas, ya que a la mayoría de los integrantes de los poderes de Ejecutivo, Judicial y Legislativo, se agrega a funcionarios policiales, miembros de la Cafesg, el Consejo de la Magistratura, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), así como los funcionarios municipales que las comunas determinen. El de Romero incluye también a las empresas y otros entes del Estado, lo cual no es menor dado que el actual Ejecutivo creó cinco empresas estatales; aunque ya se desprendió de dos de ellas: el ex Frigorífico de San José y la empresa láctea de Paraná Cotapa.