Gerdau promueve una ley para erradicar y prevenir la violencia escolar. Propone una serie de políticas públicas en pos del objetivo de la ley, y deroga la actual norma 9.655. Prevé que las sanciones contempladas garanticen los derechos de los estudiantes. Crea un observatorio y dispone la protección de datos sensibles.
Gerdau promueve una ley para erradicar y prevenir la violencia escolar. Propone una serie de políticas públicas en pos del objetivo de la ley, y deroga la actual norma 9.655. Prevé que las sanciones contempladas garanticen los derechos de los estudiantes. Crea un observatorio y dispone la protección de datos sensibles.
Paraná.(RN). Frente a casos más frecuentes de violencia escolar en la provincia, el senador Natalio Gerdau (Gualeguaychú) presentó y fue girado a comisión un proyecto de ley de atención integral para la erradicación de la violencia y la discriminación en el ámbito en estas instituciones, que se conoce como bullyng. Según la iniciativa a la que accedió Recintonet, el fin de la norma será establecer políticas públicas para reconocer, atender, erradicar y prevenir la violencia y la discriminación en el ámbito escolar, estableciendo las bases para la promoción y la convivencia en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades dependientes del Ministerio de Educación, en la provincia. En esa línea, pide derogar la actual ley 9.655.
Será la cartera que actualmente dirige José Lauritto, la de Educación, quien, a través del Consejo General de Educación, promoverá la elaboración y/o revisión de normativa sobre convivencia escolar en cada una de las jurisdicciones para los distintos niveles y modalidades de la enseñanza.
Respecto a las sanciones en caso de transgresiones, el texto establece que deberán tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al niño, niña y adolescente o joven hacerse responsable progresivamente de sus actos, según las características de los diferentes niveles y modalidades; deberán ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión cometida; y deberán aplicarse contemplando el contexto de las transgresiones en las circunstancias en que acontecen, según los diferentes actores, los antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad ante la ley. Además se las deberán definir garantizando el derecho del estudiante a ser escuchado y a formular su descargo. En ese sentido, estarán prohibidas las sanciones que atenten contra los derechos de los niños, niñas y jóvenes a la educación.
La iniciativa a la que accedió RecintoNet propone también una serie de políticas públicas específicas para el fortalecimiento de las prácticas institucionales y jurisdiccionales; así como la creación de un Observatorio Provincial contra la Discriminación y el Acoso Escolar, en el ámbito del Ministerio de Educación, en forma descentralizada. Este organismo tendrá un director que será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo constitucional del Senado y durará en su cargo cuatro años.
También el legislador establece, entre las disposiciones finales, la protección de datos personales sensibles en los términos de la Ley 25.326 en todos los procesos de investigación y sanción de casos particulares de discriminación y/o acoso escolar.