Juan Pablo Aguilera, además de cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, fue quien durante años hizo las veces de cajero del ex mandatario. Es así como en los últimos años cobró 32 millones de pesos del Estado a través de dos empresas que inventó con familiares directos; invirtió otros millones en un negocio productivo en cercanías de General Campos y concretó inversiones inmobiliarias de importancia.
Por él, pasó todo el dinero del frustrado sueño presidencial y, pese a verse involucrado en una mesa de dinero en el Senado provincial, por lo que fue desplazado, ahora retornó al mismo cargo, donde sigue manejando caudales públicos. En las causas por corrupción y presunto enriquecimiento ilícito que iniciara un grupo de abogados mediante las investigaciones de la Revista Análisis, hasta el momento Aguilera es quien más comprometido aparece.
Allanamiento en Diputados
La Justicia inició una investigación que pone al ex gobernador Sergio Urribarri en el ojo de la tormenta y el caso en este momento se centra en la organización de lo que fue la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014 y que contó con la presencia de presidentes del sur del continente. Para que se pudiera llevar adelante en Paraná la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de 40,5 millones de pesos.
La firma que se alzó con la mayoría de las contrataciones directas fue Caballi SA, que ejecutó 12 trabajos por los que el Estado entrerriano acordó pagar 11.722.585 pesos. Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), un ente creado por el Poder Ejecutivo tras la sanción de la Ley 10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa.
A ese ente lo integraron funcionarios y empresarios para controlar la asignación de las obras y lo compuso también Miguel Marizza, presidente de Caballi S.A y uno de los principales contratistas del Estado. En su presentación ante la Legislatura, el Poder Ejecutivo en manos de Urribarri reconoció pagos por 84,5 millones de pesos con motivo de la Cumbre de Mercosur. Así consta en las planillas que envió en marzo pasado a la Cámara de Diputados. La UOCM informó haber emitido 251 órdenes de pago, según publicó oportunamente el sitio Acceso Libre. Org, que edita el periodista Oscar Londero.
Otro dato que salió a la luz fue la contratación por 30 millones de pesos a la empresa de publicidad Nelly Entertainment SA, propiedad de Facundo de Vido, hijo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. La firma negó haber tenido una participación en lo que fue la Cumbre. Esa contratación no salió por resolución de la UOCM, sino por un decreto de la Gobernación con la firma, obviamente de Urribarri, y el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, señaló Página Judicial. La semana pasada el fiscal Santiago Brugo dispuso un allanamiento en la Cámara de Diputados, que preside Urribarri, y secuestró la rendición final de los gastos de la Cumbre.