Actualmente se autorizan por decretos, y en Diputados quieren fijar un marco legal. Si bien recoge básicamente las disposiciones de esos textos, el proyecto de ley propone algunas modificaciones.El texto se presentó antes de la protesta policial.
Actualmente se autorizan por decretos, y en Diputados quieren fijar un marco legal. Si bien recoge básicamente las disposiciones de esos textos, el proyecto de ley propone algunas modificaciones.El texto se presentó antes de la protesta policial.
Paraná.(RN). En Diputados proponen que la autorización de las Agencias Privadas de Vigilancia y Seguridad sea por ley, y no por decreto como ocurre actualmente en la provincia. En esa línea es que el diputado Jorge Monge (UCR-Diamante), junto con el acompañamiento de sus pares Agustín Federik (Paraná), Julián Rubio (Gualeguay) y Pedro Ullua (Sauce de Luna), propone derogar la actual normativa y avanzar hacia la sanción de una ley. “No obstante que desde nuestra concepción compartimos plenamente que debe ser el Estado quien tenga a su cargo la obligación de preservar la seguridad de las personas y bienes de todos los habitantes a través de la Policía de Seguridad conforme expresas normas constitucionales, lo cierto es que desde los últimas décadas se han venido autorizando empresas particulares dedicadas a tareas de vigilancia y seguridad. Y la autorización en el caso de nuestra provincia se hace en base a un decreto y más aun delegando cuestiones que creemos importantes en funcionarios de menor rango”, explicó el diputado Monge en los fundamentos de este proyecto que – cabe aclararlo – fue presentado el 02 de diciembre pasado, es decir antes de la protesta policial.
En la argumentación de la iniciativa a la que accedió Recintonet, remarcaron que la propuesta «Responde también a inquietudes que nos han planteado algunos profesionales del derecho, los que entienden que una cuestión sensible como la de las agencias de seguridad privada debían contar con una regulación mediante ley y no de un simple decreto”, ya que “brinda mayores seguridades jurídicas”. Si bien explicaron los diputados que recogen “básicamente las disposiciones de los Decretos del Poder Ejecutivo provincial MGJ 2940/2001 y MGJ 4040/2012” plantearon algunas modificaciones.
Así, “en el artículo 4°, a diferencia del decreto, se mantiene en cabeza del Poder Ejecutivo, las facultades habilitatorias. Otro tanto ocurre con los casos, en que luego de lograr la habilitación las agencias solo podrán ser autorizadas al cambio de rubros a explotar, solo por el poder ejecutivo” y no de las autoridades policiales como hasta ahora. Asimismo, “se establece para el caso de personas que porten armas se dispone un frecuencia temporal menor – es decir mayor capacitación – en lo que respecta al desarrollo de prácticas y entrenamientos con personal especializado, reduciéndose el periodo de un año a seis meses dicha frecuencia”.
“En el artículo 2° se adecua el número de ley vigente respecto de las regulaciones de las entidades financieras, dado que el Decreto hacía referencia a una ley derogada”, añadieron los diputados. Y, en el caso de multas “se introduce una modificación de suerte que queda establecido en rango de cincuenta (50) a mil (1000) litros de nafta súper la sanción pecuniaria para el supuesto de negligencia en trasmisión a alguna dependencia policial de falsas incidencias o alarmas. El decreto solo establecía el monto fijo de cincuenta (50) litros”.(RecintoNet)