En la sesión de este martes ingresó en la Cámara Alta y fue girada a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo una copia de la Resolución Nº 847/16 elevada por el Concejo Deliberante de Federal en que “adhiere en todos sus términos a la Resolución Nº 09/16 del H. Concejo Deliberante de Colón en relación al estado del procedimiento para la designación del defensor del Pueblo”.
En mayo había ingresado a la Cámara Alta la resolución de los ediles colonenses, como informó entonces Recintonet, donde pedían informes sobre el estado en que se encuentra el procedimiento para designar al ombudsman provincial. En rigor, solicitaron informes a la Comisión Bicameral creada por Ley Provincial N° 9931 respecto de “la nómina de los aspirantes propuestos, el estado actual de la designación”. La resolución también dispuso enviar una copia a la Cámara de Diputados y Senadores, al Poder Ejecutivo Provincial y a los Honorables Concejos Deliberantes de la provincia.
“Consideramos que este organismo es de suma importancia ya que controla los actos de la Administración Pública tendiente a impedir que sus empleados o funcionarios vulneren cualquiera de los derechos que la ley reconoce a las personas, teniendo la potestad, si esta situación ocurriera, de acudir al Defensor del Pueblo para que actúe en defensa de sus derechos o el interés violado ante los organismos administrativos competentes, incluso ante los tribunales para impedir esa situación ocurra o para que cesen sus efectos”, fundamentaron los ediles en la resolución que fue autoría del bloque Cambiemos de esa localidad.
Asimismo, recordaron respecto de la figura fue incorporada a la Carta Magna entrerriana que “en la campaña electoral de 2015 el actual Gobernador de la Provincia, consultado por medios periodísticos, declaró públicamente su intención de impulsar la designación referida no sólo a nivel provincial sino en cada uno de los municipios de Entre Ríos”.
Cabe recordar que previo a ese pedido de los concejales de Colón, la diputada provincial Gabriela Lena (Cambiemos-Chajarí) había elevado un pedido de informes al Ejecutivo para que dé cuenta de en qué etapa está el procedimiento para la designación del Defensor del Pueblo, por parte de la Comisión Bicameral. Asimismo, solicitó que se informe el motivo por el cual no se dio continuidad al procedimiento de designación. Paralelamente, presentó un proyecto de Resolución solicitando que se arbitren los medios para hacer cumplir lo establecido en los artículos 215 y 216 de la Constitución de Entre Ríos y la ley N° 9931 relativa a la creación de la Defensoría del Pueblo.
Sin reclamo judicial local
El jueves de la semana pasada, en el fallo donde suspendió el aumento de la tarifa de gas para usuarios residenciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamó al Congreso que designe al defensor del Pueblo nacional, cargo vacante desde hace siete años.
A nivel local, esta figura fue introducida en la Carta Magna de 2008, pero hasta la fecha no se avanzó en la designación del ombudsman. Pese a los fallos en los que avaló el aumento de la tarifa eléctrica en la provincia, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano no hizo alguna mención al Poder Ejecutivo o a la Legislatura para que cubra esta deuda constitucional a nivel local, ante la falta de iniciativa propia de los legisladores, más allá de algún pedido puntual, como en el caso de Lena.
Sí hubo una mención a esta figura por parte del vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativa Nº 1 de Paraná, Marcelo Baridón. A principios de julio, cuando rechazó una acción de amparo interpuesta por los defensores del Pueblo titular y adjunto de Paraná, Luis Garay y Pablo Donadío, respectivamente, quienes solicitaron la anulación de la Resolución del Ente Provincial de la Energía (EPRE) que convocó a una audiencia pública informativa en Villaguay, Baridón rechazó la presentación por estar limitada la figura de los ombudsman al ámbito de Paraná. Y expresó que, ante la falta de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo provincial y mientras se mantenga esta situación, en Entre Ríos los intereses colectivos carecen de defensa oficial.
A principios de agosto, el gobernador Gustavo Bordet afirmó: “Vamos a trabajar para poner todos los institutos que estaban en la Constitución reformada de 2008. Hay que trabajar fuertemente en este sentido. Con algunos ya hemos comenzado y con otros, como la reglamentación de la ley de comunas, estamos abocados. Después avanzaremos con lo del Defensor del Pueblo. Está en la agenda”. Aunque no mencionó plazos, cuesta entender por qué se debe esperar a que salga una ley para luego continuar en la conformación de una institución que defienda a los entrerrianos.
(Fuente: RecintoNet)