Una médica informó el caso 18 días más tarde y modificó la cantidad de semanas de gestación para que la menor no se pueda realizar el proceso.
Una niña de 12 años fue víctima de una violación y quedó embarazada, por lo que intentó acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Sin embargo, no solo no le brindaron información sobre sus derechos, sino que una médica modificó el tiempo de gestión para evitar que pueda realizar el proceso.
Todo comenzó cuando la pequeña asistió junto a su madre a la Unidad Primaria de Atención (UPA) en el barrio humilde de La Banda, Santiago del Estero, tras presentar fuertes dolores abdominales, según consignó Página 12.
La menos fue enviada a un establecimiento similar situado en el barrio Misky Mayu, donde se confirmó el embarazo de 20 semanas de gestación. A pesar de que inmediatamente llevaron los estudios nuevamente a UPA, la médica decidió informar a las autoridades sanitarias sobre el caso recién 18 días más tarde, donde miente y dice que supuestamente la niña tenía 26 semanas de gestación.
Es así que cuando el Ministerio de Salud recibió el informe presumieron que ya tenía un embarazo avanzado, de 30 semanas; sin embargo, cuando la niña fue derivada al Centro Integral de La Banda, uno de los hospitales más avanzados de la provincia, se detectó que en realidad cursaba un embarazo de 24 semanas.
Luego de ese episodio, se convocó a un tocoginecólogo, quien aseguró que se estaba a tiempo para ofrecer la práctica. No obstante, existen contradicciones entre autoridades nacionales que aseguran avalar el proceso, y otras provinciales, que dicen que ese permiso no existe.
Nora Schulman, directora ejecutiva de la ONG Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), advirtió que están «los protocolos para las prácticas» como el ILE, «pero lo que hay cambiar es la cabeza de los médicos», en diálogo con TN.