El intendente pidió que se declaren inconstitucionales los artículos del Código Fiscal referidos a esa herramienta a través de a cual se defraudó al Estado.. Además, pide que se reintegren los fondos no coparticipados a los municipios. Hay un proyecto oficialista en Diputados que pide eliminar las compensaciones con la ATER.
El intendente pidió que se declaren inconstitucionales los artículos del Código Fiscal referidos a esa herramienta a través de a cual se defraudó al Estado.. Además, pide que se reintegren los fondos no coparticipados a los municipios. Hay un proyecto oficialista en Diputados que pide eliminar las compensaciones con la ATER.
Paraná. (RN). Mientras la Justicia continúa con la investigación por el desfalco a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) tras una denuncia de su titular, Marcelo Casaretto; un intendente entrerriano presentó ante el Superior Tribunal de Justicia un planteo de inconstitucionalidad de los artículos 74, 75 y 76 del Código Fiscal, que refieren al mecanismo de las compensaciones.
Se trata del presidente municipal de Santa Elena y ex vicegobernador, Domingo Daniel Rossi,que con patrocinio letrado de Carlos Guillermo Reggiardo, y según supo Recintonet, formalizó la presentación a principios de este mes y pidió a la Justicia que se intime al Ejecutivo Provincial a ingresar los porcentajes de los montos compensados pertenecientes a los municipios. En tanto, en Diputados aguarda un proyecto de ley de Juan José Albornoz (FpV-Gualeguay) que pide eliminar el sistema de compensaciones.
Según argumentó Rossi en la presentación, a la que accedió Recintonet, “las compensaciones (son) claramente contrarios a los artículos 122 inc. 12 y 246 de la Constitución Provincial reformada en 2008”, ya que los citados artículos del Código Fiscal “liberan de obligaciones tributarias a proveedores del estado, siendo un mecanismo por el cual se cobran impuestos coparticipables, ya que son tributos provinciales del código fiscal, sin participación de los municipios”.
Además, reflejó que “los tres artículos no hacen ninguna discriminación, son simplemente tributos provinciales obligatoriamente pertenecientes al régimen de coparticipación, y excluidos mediante la compensación en franca contraposición a lo normado en nuestra carta magna provincial”.
“Tenemos una ley provincial, jerárquicamente debajo de la Constitución Provincial, que está en clara y abierta contradicción con nuestra carta magna”, advirtió el intendente santaelense, que aseguró: “No hay fundamentos sólidos para que la provincia se arrogue la suma del poder público y sustraiga del tesoro de los municipios fondos que están garantizados constitucionalmente, ya que desde 2008 la constitución derogo las compensaciones con el articulo precedente”. En ese sentido, en la presentación judicial, Rossi marcó: “La misma carta magna en su artículo 6 nos dice que `En ningún caso podrán las autoridades de la Provincia suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación, ni la efectividad de las garantías y derechos establecidos en ambas´; por lo que haber seguido compensando luego de 2008 es una falta grave que privó a los municipios como mínimo el 18 % de esas compensaciones”.
Reintegro de fondos y reserva federal
Por último, el intendente de Santa Elena requirió a la justicia “de manera que se pueda reparar de alguna manera el daño causado entre 2008 y 2014 que solicite a través de Fiscalía de Estado que ésta remita un informe preciso y detallado de las compensaciones realizadas a los fines de determinar el daño sufrido por los municipios, los cuales ya tienen un porcentaje asignado de los tributos y así poder recuperar el dinero del que se nos vio privado durante tantos años”. Además, adelantó que hará reserva del caso federal, en los términos de la y para ocurrir en su oportunidad a los estrados internacionales.
Proyecto en Diputados
Albornoz impulsó el proyecto que está en comisión en la Cámara Baja y que propone eliminar las compensaciones en la ATER, exigir que se conozca el nombre de las empresas involucradas en la estafa millonaria y que se las sancione eliminando la posibilidad de que sean nuevamente contratistas del Estado. El texto cosechó una docena de firmas entre oficialistas y opositores.