Mañana a las 11 se reunirá la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas de la Cámara de Diputados para continuar el análisis de las modificaciones que el Ejecutivo propuso al Código Fiscal.
El director ejecutivo de ATER, Sergio Granetto, explicó que la iniciativa “busca cercenar algunos espacios que dan lugar a situaciones de evasión o elusión” y negó que se trate de un impuestazo. De todos modos, las modificaciones en materia impositiva suelen definirse en una frontera de carácter difuso. Un caso particular es el que se produce cuando se modifican los avalúos en materia de Impuesto Inmobiliario; se sostiene que los cambios no representarán incrementos directos, pero al modificar la base hacia arriba se eleva también el monto final.
Por lo pronto, la comisión que preside el diputado oficialista Marcelo Bisogni, se reunirá el miércoles a las 11, para continuar el análisis de los expedientes, Nº 21.404, que propone modificaciones al Código Fiscal de la Provincia, la ley impositiva Nº 9.622 y la ley de valuaciones Nº 8.672; y el N° 21.460, que impulsa modificaciones en lo referente a impuestos sobre los ingresos brutos.
El martes pasado, la Comisión de Hacienda convocó al director ejecutivo de ATER para que brinde explicaciones técnicas sobre el proyecto. En la oportunidad Granetto explicó que “prevé una serie de instrumentos, fundamentalmente de administración tributaria”, que buscan “cercenar algunos espacios que dan lugar, a veces, a situaciones de evasión o de elusión”, aunque ninguna fuente oficial ha expresado exactamente cuáles. Asimismo afirmó que “no hay ningún elemento que se pueda considerar para hablar de tarifazo. El proyecto no trata nada de eso”.
Audiencia pública
Pero en los bloques opositores no manejan la misma información. El senador de Cambiemos, Raymundo Kisser, quien pidió una audiencia pública para discutir las modificaciones. “Así como se hacen las audiencias públicas para fijar el nuevo cuadro tarifario de la luz, lo mismo debe aplicarse en este proyecto, ya que implicará aumentos importantísimos en los impuestos que hoy pagan los contribuyentes entrerrianos”, opinó.
Esta idea fue rápidamente desechada por el diputado oficialista Diego Lara (FpV) quien la consideró “inviable”. “La institución de la audiencia pública, que fue incorporada a la Constitución Nacional en 1994 y a la Constitución Provincial en 2008, es una figura del derecho norteamericano instituida en favor de los consumidores para evitar abusos por parte de las empresas privadas que en los Estados Unidos son titulares de los servicios públicos. Pero el sistema de derechos y obligaciones que rige las relaciones de consumo es sustancialmente distinto del que regula las relaciones tributarias. Es por ello que los impuestos están expresamente excluidos de las materias que pueden ser objeto de tratamiento de una audiencia pública», indicó Lara.