El Poder Ejecutivo Nacional elaboró un proyecto de reforma a la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), que reinstala la obligación a los trabajadores de recurrir a las Comisiones Médicas, como instancia previa, excluyente y obligatoria para solicitar las prestaciones de Ley.
Se establecen también las facultades para homologar con fuerza de cosa juzgada los acuerdos celebrados respecto a las incapacidades permanentes definitivas y por fallecimiento, los que adquieren carácter irrevisable en instancias judiciales ulteriores. De todas las formas posibles el proyecto intenta que los trabajadores no puedan acceder a su juzgado competente, que se conformen con la incapacidad que le determina una comisión médica que es inconstitucional y con los montos que les paga la ART, extraídas estas con fórmulas que deprecian al máximo la indemnización.
El proyecto enviado no tiene un solo párrafo que refiera a la prevención del siniestro, razón de ser primigenia de las aseguradoras de riesgos. Para suprimir juicios debería evitarse la siniestralidad laboral, que es generadora de las indemnizaciones y no empezar por las consecuencias de su mala praxis.
La legislación coloca al trabajador en un status inferior que al resto de los dañados que pretenden una reparación del daño, ya que los demás ciudadanos, sin ser trabajador, pueden acceder en forma directa ante la Justicia, sin estar forzados a transitar ninguna instancia administrativa previa.
El acceso a su juez competente es la única herramienta necesaria y que la ley les concede para reclamar por lo que les corresponde en resguardo de su vida y su salud. La reforma que quieren introducir, en principio, no debería preocupar a los trabajadores porque en todos los temas que fueron objeto de la reforma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación “con la composición anterior” y los juzgados ordinarios de todo el país se declararon competentes y fallaron a favor de reconocer una indemnización amplia que mitigue el siniestro laboral.
En la oportunidad que concurrieron al Senado para presentar el proyecto el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón y el Jefe de Gabinete de la SRT, Pedro Tadei, recibieron de los senadores de la oposición un cuestionamiento que traía mucha vehemencia al proyecto oficial y en esa dirección lo hicieron los abogados de la CGT.
Pero con el devenir de las negociaciones la Comisión de Legislación de Trabajo y Previsión Social del Senado, con el aval y presencia del Secretario General de CGT y diputado del Frente Renovador Héctor Daer, se dictaminó en favor del proyecto de reforma para su tratamiento en el mes de diciembre y convertirla en ley en Diputados a los pocos días. Fecha esta que ha sido aplazada por la ley de impuesto a las ganancias.
Con las negociaciones entre el gobierno, las aseguradoras y el triunvirato de la CGT, se acordó la devolución de los costos que sus obras sociales materialicen al tratar enfermedades laborales que son rechazadas. La realidad nos muestra que para gran parte del sector sindical lo único importante es que sus Obras Sociales tengan un recupero exprés, que antes lo podían hacer también con un poco de ingenio jurídico, a cambio de pérdidas de derechos esenciales y libertades para los trabajadores.