El Senado entrerriano comenzó un trabajo que apunta a lograr que el Poder Ejecutivo Nacional “proceda a desgravar” o al menos a “modificar los derechos de exportación que fueron restablecidos sobre las operaciones de exportación de arroz”.
Cabe recordar que, el gobierno nacional, a través del decreto 793 de año 2018 (entre otras modificaciones) fijó derechos de exportación del 12 por ciento “a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur (NCM)”.
Esta medida impactó en una de las economías regionales más importantes de la provincia, como es la producción de arroz.
De inmediato el senador del departamento San Salvador, Lucas Larrarte, inició gestiones ante las autoridades provinciales para buscar mitigar los impactos negativos y, ahora, inicia el camino para intentar la reacción de los responsables de la medida, esto es, las autoridades del Ejecutivo Nacional.
Acompañan el proyecto de comunicación con su firma los representantes de Villaguay, Uruguay e Islas, Mario Torres, René Bonato y Daniel Olano, respectivamente.
El proyecto fue ingresado en la Mesa de Entradas del Senado. Será de los primeros temas a tratar por el Cuerpo cuando se inicien las sesiones ordinarias, después del 15 de febrero.
Otra de las opiniones con fuerte repercusión que la de Jorge Paoloni. Enfatizó que se agravo mucho la situación de los productores arroceros; primero con la suba de tarifas, luego con la falta de financiamiento y el clima; y finalmente señaló como lo más grave a la imposición de los derechos de exportación a la que calificó como “pena de muerte” para el sector arrocero.
El Senador Larrarte explicó que existe una “profunda preocupación por el agravamiento de la situación del sector arrocero en nuestra provincia”.
Mencionó, para dimensionar el impacto que tiene esta economía regional, que más del 70 por ciento de la producción se concentra en molinos entrerrianos, los que procesan y embarcan el arroz en origen, en los puertos ubicados sobre el río Uruguay y el Paraná.
El legislador sumó que se trata del cultivo extensivo que más puestos de trabajo, directos e indirectos, genera: 7 trabajadores cada 100 hectáreas. Además, demanda mano de obra calificada.