Continúa la polémica tras los acuartelamientos y reclamos de la policía de Entre Ríos. Ayer el procurador del STJ sostuvo que el acta firmada y la foto de los negociadores junto al gobernador son prueba «del chantaje a punta de pistola, de que se trató de un acuerdo producto de la sedición». Acusará a unos 70 policías. El procurador general del
Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, confirmó que el acuerdo firmado entre el gobernador Sergio Urribarri y los representantes de los amotinados en Concordia encabezará la denuncia penal que será presentada apenas termine la feria. En primera instancia, la presentación involucra a unos 70 policías, aunque la máxima responsabilidad recaerá en una docena de uniformados. Para el funcionario judicial, el acta que fuera firmada el 9 de diciembre es nula, ilegítima y por lo tanto carece de entidad jurídica.
Son tres las líneas investigativas en marcha: la que involucra a los efectivos que resolvieron unilateralmente ejercer la inacción, los ciudadanos que participaron de los saqueos y la hipotética complicidad entre sediciosos y saqueadores. «Con el Código nuevo todo esto será llevado a juicio oral: lo que antiguamente era la parte instructoria lo han estado llevando adelante los fiscales que aportarán en juicio las pruebas colectadas y en ese ámbito también se escuchará por primera vez a los implicados», explicó, antes de aseverar que «si bien el núcleo de la presentación está casi lista, el receso sirve para seguir incorporando pruebas fílmicas y datos testimoniales». En diálogo con El Diario, García consideró que «el respeto por la norma debe ser un principio general y, quien la quebrante, debe hacerse cargo de la pena contemplada», antes de estimar que el juicio oral «será la reconstrucción histórica de lo que no hubiéramos querido que pasara».
Interrogado sobre cuáles fueron los primeros pasos dados, García señaló: «Todo explotó un domingo a la noche (8 de diciembre). Yo estaba en Concepción del Uruguay y las noticias que me llegaron hablaban tanto del autoacuartelamiento de policías en Concordia como de cierta coordinación en tanto simultáneamente habían comenzado los saqueos. El pretexto de la insurrección era el tema salarial. Por teléfono nos organizamos con los fiscales, hasta las tres o cuatro de la mañana del lunes. Si bien el foco era Concordia, había situaciones expectantes en otras ciudades. Salvo Paraná, donde no hubo muestras de que pudiera llegar a plegarse.
De manera que una parte del equipo estuvo concentrado en los hechos de Concordia y, en paralelo, hubo enviados nuestros a las Departamentales de Policía para que explicaran a quienes quisieran escuchar que no se trataba de un planteo salarial común y corriente sino que directamente se estaba ante el delito de sedición con el alzamiento armado de efectivos, agravado por lo que en ese momento se sospechó y luego se comprobó en el sentido de que la inacción policial deliberada estuvo en sintonía con los saqueos producidos. Es decir, que podían añadirse los delitos de instigación y en algunos casos de coautoría. Paralelamente, se producían los hechos de saqueo que, en realidad, son robos calificados, es decir, robos calamitosos, que se producen aprovechando las circunstancias de un desastre, ya sea natural o provocado. En la mañana del lunes, hice declaraciones a la prensa trazando estas mismas coordenadas, en procura de contextualizar los episodios. Estaban todos avisados (…)
Bahl con la cúpula policial
El ministro de Gobierno, Adán Bahl, comparte el concepto del Procurador de la provincia, Jorge Amilcar García, en cuanto a que el acta obtenida del encuentro entre las autoridades provinciales y los policías autoacuartelados de Concordia por el aumento salaria, «es ilícita» y que «sólo tendrá valor probatorio en la Justicia para enjuiciar a los responsables y llevarlos a la cárcel». Una fuente confió aANÁLISIS DIGITAL que el concepto fue expresado por el titular de la cartera de Gobierno con los jefes policiales departamentales realizadas ayer en Paraná.
El sábado los policías cobrarían una cifra cercana a los 1.600 pesos retroactivos a diciembre, con los haberes que ya venían percibiendo y que serán incorporados a los sueldos de enero. También se anunció que los policías serán tenidos en cuenta en la discusión salarial que se harán con todos los gremios estatales para los haberes de marzo. En ese sentido, pudo saberse, de ámbitos de la cúpula policial, que en el tercer mes del nuevo año habrá un incremento que rondará el 20 por ciento.