Surgieron por denuncias que llegaron a la municipalidad, y sobre las que se trabajó junto a la Justicia y la policía, en el marco del Programa de protección a la Primera Infancia.
Días pasados, la Municipalidad realizó distintos operativos para controlar que no se ejerza el trabajo infantil en puestos de ventas callejeros, que por otro lado, no están habilitados para la venta al público. El operativo responde a denuncias que se registraron a través de distintas vías administrativas de la municipalidad. Las tareas se enmarcan en el Programa de protección a la Primera Infancia.
A fines de erradicar el trabajo infantil callejero en nuestra ciudad desde el área de Niñez de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación se trabaja en el Marco de lo normado en el artículo 148 bis del Código Penal argentino y en consonancia con lo establecido en los pactos internacionales de índole constitucional.
En este marco, se realizaron procedimientos en Uncal y Rodríguez Artusi, en 32 del Oeste y el acceso Bruno y el viernes pasado, se realizaron dos operativos en el Balneario Itapé, uno por la mañana y otro por la tarde. Los operativos se realizaron en conjunto con la Comisaría del Menor y la Mujer y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la municipalidad.
Protocolo de acción
Además de labrarse las actas y documentos de rigor, estas áreas se encuentran elaborando de manera paralela un protocolo de actuación para situaciones como estas, tema que se aborda en conjunto con el Poder Judicial, considerando que se trata de una temática que se observa cotidianamente y debe desnaturalizarse.
En este sentido, desde la Secretaría de Desarrollo Social se elaboró un documento para explicar que “es una práctica que si bien se atribuye al pasado lejano, el trabajo infantil persiste lamentablemente en la actualidad y es una práctica que ataca a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Privando a los menores de su niñez, en su potencial y su dignidad; es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico; interfiere con su escolarización, privándolos de la asistencia a clases, obligándolos a abandonar la escuela desde muy temprano”.
El 28 de septiembre de 2005, se sancionó la Ley Nacional Nº 26.061 de “Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”. Constituyendo un instrumento legal que convierte en operativas las disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, mediante el establecimiento de instrucciones explícitas que las entidades de atención y protecciones públicas y privadas deben respetar.
La presencia del trabajo infantil en contextos de pobreza y exclusión nos desafían como sociedad, más allá del lugar que ocupemos. El compromiso debe ser en conjunto y articulado desde los distintos sectores sociales. Son derechos indelegables para los niños, niñas y adolescentes, el acceso a la alimentación, el juego, la educación, y el esparcimiento que les permitirá el fortalecimiento de su pensamiento creativo, la elaboración sus emociones y el desarrollo de su persona, en plenitud” según se detalla en el escrito compartido con los medios de prensa.
Además de los operativos citados anteriormente, las áreas intervinientes adelantaron que las mismas se realizarán de manera sorpresiva, siempre con el acompañamiento de la fuerza policial, pudiendo detenerse a los mayores de acuerdo a la gravedad del caso y a la relación que posean con los menores de edad.