La UCR hizo notar que mientras «el oficialismo reclama a la oposición por la ley de regularización del empleo en negro, en Entre Ríos la demora de seis años en el dictado de la Ley de Comunas habilita el trabajo indecente en Juntas de Gobierno».
«Los legisladores nacionales oficialistas reclamaron a la oposición que salga la ley de regularización del empleo en negro a nivel nacional. Estuvimos de acuerdo con la sanción de esa ley, ya que el trabajo irregular es uno de los grandes males de nuestra época, en el que los trabajadores que lo sufren, no tienen aportes jubilatorios, obra social ni seguro de trabajo. Sin embargo, en la Provincia de Entre Ríos, el comportamiento de los legisladores del Frente para la Victoria es muy distinto», dice el escrito que lleva la firma del diputado nacional y titular de la UCR en Entre Ríos, Jorge D’Agostino. «El artículo 253 en la reforma constitucional del año 2008 nació para mejorar las Juntas de Gobierno y creó una gran expectativa porque pasarían a la categoría de Comunas.
Este hecho trascendente, fue aplaudido por las autoridades de las Juntas de Gobierno, por que venía a solucionar un grave problema. Al ser meras delegaciones del gobierno provincial, no tienen capacidad para ser titulares de relaciones jurídicas. No pueden ser propietarios de inmuebles, de automotores y lo que es fundamental: no pueden tener empleados», recordó el dirigente del partido radical. «Las Juntas de Gobierno, que son 196 en la provincia prosigue el escrito enviado a esta Agencia – se encargan en esos pequeños poblados, de arreglar calles y caminos, mantener los espacios públicos, cementerios y escuelas, el alumbrado, recolectan los residuos, etc. Para eso necesitan personal pero no lo pueden contratar y para resolver las necesidades recurren a soluciones alternativas». «Hoy los servicios públicos en los 196 distritos rurales, se prestan con irregularidades. Lo grave es que la Dirección de Juntas de Gobierno, instruye a estas Juntas, para la firma de un contrato tipo que se reitera con la misma persona a lo largo del año, renovado cada 15 días, luego acepta la rendición con simples recibos, para después remitir la documentación al Tribunal de Cuentas, que no hace ningún tipo de observaciones», señaló no sin antes criticar:
«Una cadena de complicidades, que denunciamos porque el Gobierno no quiere cumplir la constitución». «A pesar de los reclamos que hemos realizado a la Legislatura, conformada mayoritariamente por el PJ y al propio Gobernador, que tiene facultades para solucionarlo, desde el oficialismo tienen una mora de seis años en el dictado de la ley de Comunas, con lo cual las cosas siguen igual», cuestionó D’Agostino. «La demora en cumplir la constitución hacen que las Comunas en un tema simple como no extender registro para el tránsito, provoquen perjuicio porque hace que los interesados, cambien sus domicilios, lo que acarrea la pérdida del sistema originario del PAMI, empujando a la población rural, a zonas urbanas», agregó. Y remarcó finalmente: «En 196 juntas de gobierno los servicios son prestados por empleados públicos que no se encuentran registrados, no se le hacen aportes a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, no tienen la cobertura del Iosper ni la ART del Instituto del Seguro. En manos de quien queda ése dinero», se preguntó.