Molestas por el monto de compensación dispuesto por la Casa Rosada al que consideran exiguo, las 15 provincias beneficiadas por la cautelar de la Corte Suprema que les protege la coparticipación del impacto de las medidas post PASO de Mauricio Macri.
Rechazamos esa liquidación porque entre lo que
planteamos y lo que nos ofrecen la diferencia es muy grande, no llega al 25 por
ciento”, enfatizaron, por caso.
Más allá de que los mandatarios vieron como un
avance positivo que Balcarce 50 haya destrabado el inicio de los pagos, el
malestar se instaló en torno al tenor del monto propuesto -serían unos 2.629
millones de pesos hasta fines de enero-, al que consideran insuficiente frente
a un costo fiscal para las provincias del orden de los 45 mil millones de
pesos. Y con el fin de año, cargado de mayores compromisos (como el aguinaldo),
sobre sus espaldas.
“Los $ 45 mil millones es un cálculo que
hicieron en el propio Gobierno”, señalaron desde otra de las provincias, en
referencia a que se trata de una cifra informada por la Oficina de Presupuesto del
Congreso.
El endurecimiento de la postura se produce en la
antesala a la cumbre de ministros de Economía de las provincias que se
desarrollará mañana en la sede de la Comisión Federal
de Impuestos (CFI), en tierra porteña y en paralelo a la reunión de agenda ya
prevista por ese organismo.
La mirada de las provincias está puesta en
arrancarle una mayor compensación a Macri antes de que entregue el mando al
presidente electo, Alberto Fernández.
Y no se trata de una pretensión sólo de los
mandatarios que desembarcaron en la
Corte a fines de agosto contra el mix de medidas pro consumo
de Macri que erosionaron la coparticipación (que incluyen la suba del piso de
Ganancias y la eliminación del IVA a los alimentos de la canasta básica).
De hecho, además asistirán hoy a la reunión en la CFI ministros de Economía de
distritos que no optaron por la vía judicial, y que sin embargo también exigen
ser compensados. Un planteo que políticamente ya avaló Balcarce 50, aunque
hasta ahora no emitió el decreto de rigor.
El primer lote -el que accionó en la Corte- está integrado por
Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Tras cosechar la cautelar a principios de
octubre, y frente a las demoras en los pagos ordenados (luego de un pedido de
aclaratoria desplegado por la
Casa Rosada), presentaron una andanada de intimaciones, que
derivó en la decisión del Gobierno nacional de iniciar la semana pasada los
pagos a las provincias para cumplir con el fallo.
Esa estrategia oficial incluyó el pago de una
primera cuota en las últimas horas de $674 millones a esa quincena de distritos
(en carácter de “retroactivo”), mientras que además define un goteo diario de
coparticipación hasta fines de enero que eleva ese monto a unos $2.629
millones, según fuentes provinciales a partir de la orden de pago que la Secretaría de Hacienda
elevó al Banco de la
Nación Argentina. Pero
ese monto está muy lejos del costo fiscal de cerca de $45 mil millones que
denuncian los gobernadores para la totalidad de las provincias.
Hoy, de la mano del decreto 740/2019
oficializado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional determinó que los
pagos a esas jurisdicciones “se harán con recursos propios con cargo a Rentas
Generales, no formarán parte del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Administración Nacional
para los años 2019 y 2020, y se efectuarán en forma diaria y automática por
instrucción del Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Hacienda,
al Banco de la Nación
Argentina”.