En los fundamentos de la iniciativa el legislador uruguayense, José Artusi, consideró que “asistimos a una creciente preocupación acerca de la incidencia y el impacto de la ludopatía en nuestra sociedad”, a la vez que recordó que “los obispos de la Iglesia Católica Argentina señalaron en 2010 su “inquietud y dolor por un flagelo creciente para muchas familias: la adicción al juego de azar”.
En el documento titulado “El juego se torna peligroso” manifestaron con meridiana claridad que “el Estado debe garantizar la protección integral de la familia. Quien se apasiona en el juego puede arriesgar y perder aquello que pertenece también a su cónyuge y sus hijos. Es una acción que daña la comunión familiar, y lleva muchas veces a discusiones, reproches y peleas.
Cuando la situación se torna incontrolable, aparecen las conductas adictivas. La ludopatía es una enfermedad emocional de naturaleza progresiva. Quien padece esta patología suele tener baja estima de sí mismo. Desde esta perspectiva hay una raíz común con otras adicciones. En esta situación de debilidad, es perjudicial que de diversas maneras se promueva la ilusión de “salvarse” o solucionar todos los problemas económicos con un “golpe de suerte”.
Artusi señaló que la ludopatía “debe ser considerada por un mal social, que resulta a su vez funcional a las maniobras de quienes quieren privatizar y magnificar la oferta de juegos de azar, con las lógicas consecuencias de ganancias seguras para unos pocos y pérdidas para muchos a los que no les sobra nada; y por otro lado con las vinculaciones con otros males como el lavado de activos, la corrupción y el narcotráfico, por lo que trabajar en el sentido de prevenir esta patología debe constituir para nosotros una preocupación permanente”.