El diputado provincial José Artusi, (UCR en Cambiemos) presentó un proyecto de ley tendiente a crear un régimen de integración social y urbana de los barrios populares o villas y asentamientos informales.
La iniciativa del legislador radical plantea definir como «integración social y urbana de barrios populares» al conjunto de acciones que procuren la construcción, mejora y ampliación de viviendas, del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios públicos, el tratamiento de los espacios verdes, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento ambiental, la mejora de las condiciones de seguridad, el fortalecimiento de las actividades económicas en los barrios, la integración en la trama urbana, el dimensionamiento parcelario y la regularización dominial».
Artusi propone en su proyecto la creación a tal efecto del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) como entidad autárquica de derecho público en la órbita del Poder Ejecutivo, que debería, entre otras acciones, promover, en cooperación con organismos públicos competentes a nivel nacional, provincial y municipal, la implementación de proyectos integrales de desarrollo humano en los barrios populares, que articulen las mejoras en las condiciones del hábitat con acciones de promoción del empleo, el acceso a la educación y la salud pública, la integración comunitaria y la seguridad ciudadana.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto, el legislador uruguayense sostuvo, después de recordar que el Registro Nacional de Barrios Populares relevó 167 villas y asentamientos en nuestra provincia: «Durante décadas, la falta de mecanismos que garanticen a los sectores populares más vulnerables el acceso al derecho a la vivienda desencadenó, como en buena parte de América Latina, un proceso de urbanización informal, caracterizado por la construcción social del hábitat de manera irregular, en predios de propiedad tanto privada como fiscal, ocupados al margen de las normas estatales y de las políticas públicas. Incluso desconocido en cuanto a su magnitud por parte de los organismos del Estado.
Las condiciones de habitabilidad de estos asentamientos y sus viviendas, si bien en el marco de una cierta heterogenidad, se caracterizaron por la precariedad de las viviendas, la falta de títulos de propiedad del suelo, la carencia de servicios públicos básicos y equipamiento comunitario; y, en general, condiciones de vulnerabilidad social que en interacción con los déficits habitacionales han configurado un círculo vicioso que algunos autores han denominado el ciclo de la reproducción del hábitat de la pobreza».
Luego valoró que el actual gobierno nacional «sancionó la ley nacional nº 27.453, por el que se declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)» y consideró «a través de otros proyectos de ley hemos propuesto la adhesión a la mencionada ley nacional 27.454 por un lado, y por otro la creación de instrumentos similares a los de esta iniciativa, pero en el marco más amplio de una ley de ordenamiento territorial.
Sin perjuicio del tratamiento de esos proyectos, que seguimos considerando necesarios, estimamos que resulta menester contar con herramientas específicas para el abordaje de la problemática de las villas y asentamientos, a los efectos de no demorar la creación de políticas públicas que puedan comenzar a brindar mejores condiciones de vida a sus habitantes, integrar estos barrios a la ciudad en su conjunto, y evitar en el futuro la persistencia de la generación de asentamientos informales urbanos». Finalmente, señaló: «Necesitamos un Estado provincial activo, que deje de ignorar la problemática de los barrios populares y que ponga en marcha políticas públicas eficaces para integrarlos a las ciudades, en beneficio de sus pobladores pero también de la sociedad en su conjunto».