Cinco asambleístas fueron procesados penalmente el jueves 19 de febrero pasado, luego de la decisión del Juez Federal Pablo Seró, quien encontró méritos para enviarlos a juicio, por «haber intentado impedir un delito contra la salud pública: el fracking», señaló Francisco Laroca, uno de los involucrados.
«El Juez Federal nos aplica el delito penal de entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte terrestre, a pesar que la manifestación, que se desarrolló junto a muchos otros vecinos, consistió en desviar hacia la banquina cuatro camiones que transportaban equipos para exploración sísmica.
En nuestra protesta no afectamos al transporte público ni al funcionamiento del transporte en general», expresó el dirigente. «Esto abre una causa que criminaliza efectivamente el derecho a la protesta social, uno de los derechos más importantes de la vida democrática. Mediante este tipo de acciones se pretende acallar a los movimientos ciudadanos que demandan a los poderes del Estado que se respeten derechos esenciales de los representados, reconocidos por la Constitución Nacional y el Derecho Internacional».
«El fallo del Juez Seró contiene una serie de irregularidades que vulneran directamente derechos esenciales como el de la protesta, clave para la vida democrática. En primer lugar, el objetivo de la manifestación no fue el de alterar o afectar el transporte, sino que persiguió un interés mayor y más profundo: se trataba de proteger la vida ante la amenaza de una industria sumamente peligrosa. Estábamos protegiendo nuestra propia integridad y seguridad y la de nuestra comunidad. A pesar de esto, Gendarmería nos reprimió con el agravante de no existir orden judicial», finaliza.