Poco más de tres horas antes de la llegada de la Navidad, el juez de Garantías número 4 de Paraná, Mauricio Mayer, dispuso la prisión domiciliaria de todos los imputados en la causa por los contratos legislativos, donde se desviaron más de 2000 millones de pesos y por ende dejó el precedente para que todos los presos procesados del sistema penitenciario entrerriano puedan exigir el mismo criterio.
La decisión la adopta después de fuertes presiones del urribarrismo, en función, principalmente, de la detención del cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera, uno de los recaudadores principales del dinero de los contratos. De esta manera, el 24 a la noche salieron de las cárceles el citado Aguilera, como así también el ex administrador del Senado, Gustavo Pérez; su lugarteniente Ariel Faure y Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Scialocomo y Alfredo Bilbao. La Sala Penal y de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, había hecho lugar al recurso de apelación interpuesto por los representantes de Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, detenidos en la Unidad Penal de Paraná. En ese marco, se desarrolló una navideña audiencia en el salón Nº1 de Tribunales en la cual los abogados defensores de los dos recurrentes explicitaron sus argumentos basados en el riesgo por el que atraviesan ambos al estar detenidos en la Unidad Penal Nº 1. Al planteo de las defensas de Aguilera y Pérez se le sumaron los abogados del resto de los detenidos: Flavia Beckman, Hugo Mena, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Ariel Faure y Alfredo Bilbao, quienes solicitaron la extensión de lo que se resuelva en base al habeas corpus ya que son «situaciones identicas» a las de los solicitantes. Incluso, José Velázquez, abogado de Scialocomo, Mena y Beckman adelantó que en caso de no otorgarle la prisión domiciliaria a sus defendidos, iniciaran un habeas corpus de similares características.
La decisión, consecuencia de las fuertes presiones del propio ex gobernador Sergio Urribarri, en función de la presencia del hermano de su mujer Ana Lía Aguilera, sienta un grave precedente, ya que deja en igualdad de condiciones a los procesados que se encuentran en todo el sistema penitenciario, cuyo número es muy alto. Por ende, no se descartan reacciones en cascada en las próximas horas, más en un día tan particular de Navidad. La determinación se produjo luego del habeas corpus presentado por los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli (ausentes en la audiencia de este lunes) al cual se sumaron el resto de los abogados defensores de los imputados en esta investigación que busca determinar el desvío de dos mil millones de pesos de los fondos públicos de la legislatura provincial.