Primer condenado en una causa Urribarri
La Justicia condenó este jueves a dos años y ocho meses de prisión condicional al empresario publicitario Jesús José María Bustamante, acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la Administración Pública en una causa en la que están seriamente comprometidos el ex gobernador Sergio Urribarri, su ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el cuñado del ex mandatario, Juan Pablo Aguilera.
Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilera, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.
La Fiscalía había pedido 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Bustamante -la audiencia de remisión a juicio de esa causa está prevista para el viernes 1° de junio-, pero en un acuerdo abreviado, el empresario aceptó una pena de dos años y ocho meses de cumplimiento condicional. Los términos de ese acuerdo fueron presentados por el Ministerio Público Fiscal en una audiencia pública 15 de mayo, y ratificados este jueves por el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola.
Bonazzola declaró a Bustamante “autor material y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude reiterado a la Administración Pública como participe primario y en consecuencia condenarlo a dos años y ocho meses de ejecución condicional, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”.
Además, le impuso el pago de una multa de $ 90 mil -en cuotas de $15 mil-, la realización de trabajos comunitarios durante un plazo de tres años, a razón de 96 horas por año, “abstenerse de realizar actos molestos a testigos de la causa”, y como parte del acuerdo de juicio abreviado se decretó el levantamiento del embargo preventivo dispuesto por la Justicia el 2 de febrero último.
La salida por juicio abreviado de Bustamante de la causa supone, en esencia, una cuota de confianza para la tesis de la Fiscalía. El juez Bonazzola hizo suyos los planteos de la Fiscalía y entendió como “agravante la magnitud del dinero sustraído, la reiteración de las maniobras ilícitas” y el hecho de que Bustamante “integró una estructura organizada” para cometer el fraude al Estado.