El Procurador General de la Provincia dijo que irá a Casación ante la Sala Penal y si no hace lugar irá a la Corte Suprema o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná sobreseyó al sacerdote Justo Ilarraz, acusado de abusar sexualmente a medio centenar de niños entre 1984 y 1992, cuando estuvo a cargo del Seminario Menor de esa ciudad. En el fallo, los camaristas Hugo Daniel Perotti y Miguel Ángel Giorgio consideraron que la causa prescribió y revocaron el
dictamen del juez de instrucción, Alejandro Grippo, que le había imputado al cura el delito de promoción a la corrupción de menores agravada, por considerar que la conducta de Ilarraz vulneró derechos convencionales y porque las víctimas no tuvieron la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales a efectos de que se investigaran los hechos. La querella, a cargo del abogado Marcos Rodríguez Allende, y el procurador general de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García, cuestionó la situación de excepcionalidad jurídica de la Iglesia y resolvió apelar la medida. «No son delitos de lesa humanidad, pero han afectado derechos amparados por los tratados internacionales con rango constitucional. El tema hay que estudiarlo en un marco genérico y no de forma aislada. Él era responsable de la educación de esos niños, en un organismo del Estado, y hasta la propia Iglesia realizó una suerte de investigación interna, hace 20 años, y reconoció que hubo abuso. Además, estamos hablando de delitos continuados; no sabemos cuándo culminaron», indicó Rodríguez Allende. Por su parte, el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, el uruguayense Jorge Amílcar García dijo ayer en diálogo con colegas de LT11 que «la iglesia ocultó sistemáticamente en todo este tiempo estos abusos, y ahora hay una política institucional en contra de todas estas prácticas en no taparlas. Por esta razón pensábamos que la resolución del juez Alejandro Grippo no iba hacer lugar a la prescripción, pero nos equivocamos». García anticipó que ahora irá a Casación ante la Sala Penal y si no hace lugar irá a la Corte Suprema o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.