En el marco de la investigación por el robo de 119 celulares de la Policía de Entre Ríos, se determinó que la División Comunicaciones, de la Dirección Operaciones y Seguridad, es el área encargada de recibir, repartir y reparar los celulares que se rompen, entre otras funciones. Hasta los cambios implementados a inicios de este año, el área estuvo a cargo del comisario inspector Claudio Velázquez, quien incluso fue ascendido a subdirector de Ayudantía General de la Plana Mayor.
En junio de 2018, fueron entregados en comodato por Personal, la empresa prestataria del servicio, unos 200 celulares de diversos modelos. Algunos fueron distribuidos en áreas policiales, pero la mayoría quedaron guardados.
Entre febrero y marzo, previo a los cambios dispuestos en las distintas áreas de la Policía, el director de Operaciones saliente, Gustavo Schierloh, preguntó por los celulares que habían llegado siete meses antes. Nadie supo responder, por lo cual se dirigió a la Fiscalía a radicar la denuncia.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull le tomó la declaración e inició la investigación. De este modo, Claudio Velázquez quedó en el centro de las sospechas.
Se determinó que eran 119 los celulares que habían sido sustraídos. Se hicieron varios allanamientos, entre ellos a la casa de Velázquez y de su secretario o asistente, donde secuestraron celulares y documentación. También hubo una requisa en la Jefatura Central de la Policía, donde incautaron material para ser analizado en la causa.
En la investigación, algunos celulares fueron recuperados. Hubo quienes los entregaron por su cuenta, haciéndose los desentendidos; incluso un alto jefe lo devolvió porque lo estaba usando su hijo, publicó Uno.
Otros, efectivamente, habían sido entregados y estaban siendo utilizados en la función policial, pero no se había dejado constancia formal de la entrega.
En tanto, se advirtió que unos 70 celulares estaban activos con líneas particulares. De este modo se pudo identificar a quienes tenían esos teléfonos porque los habían comprado, de buena fe, a un tercero. Lógicamente, a los que pudieron ser localizados, se los quitaron. En este sentido, hubo procedimientos en Paraná, en Diamante y en el norte de la provincia para recuperarlos. Mientras, están en tratativas para secuestrar otros aparatos.
Finalmente, hace unos días, lograron identificar al intermediario: la persona que los recibía de parte de los policías y los comercializaba. Cuando allanaron su vivienda, quedó detenido porque rompió su celular, y así pretendió obstruir la investigación. Igualmente se pudo peritar el aparato y se encontró la información necesaria para la investigación: en la cuenta de Facebook del joven estaban las fotos de los celulares de la Policía que ofrecía a través de la red social.
El intermediario dijo que sabía que los teléfonos eran de la Policía, pero desconocía que lo que hacían era algo ilegal.
Eran todos de marca Samsung, modelo J2. Él los compraba a los policías a 800 pesos cada uno, y los revendía a 3.500 a sus clientes. Parecía un negocio redondo para todos, mientras que nadie preguntaba sobre el verdadero origen de los aparatos.