Paranà.(RN). Un proyecto de declaración ingresado en la Cámara Baja insta al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, que acuerde “con la Oficina Anticorrupción de la Nación la implementación de mecanismos de transparencia en la gestión de obra pública, a través de la creación de una `Unidad de Ética y Transparen
Paranà.(RN). Un proyecto de declaración ingresado en la Cámara Baja insta al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, que acuerde “con la Oficina Anticorrupción de la Nación la implementación de mecanismos de transparencia en la gestión de obra pública, a través de la creación de una `Unidad de Ética y Transparencia´, que trabajaría con asistencia técnica de la Oficina Anticorrupción, siguiendo sus lineamientos de acuerdo a estándares internacionales en materia de acceso a la información pública y de procedimientos de compras y contrataciones”.
Según la iniciativa a la que accedió Recintonet, y que fue presentada por José Artusi (Cambiemos-Concepción del Uruguay) acompañado por sus pares de bancada, la propuesta es implementar “mecanismos de transparencia en la gestión de la obra pública, así como en la investigación y la sanción de hechos de corrupción”.
Al respecto, Artusi afirmó: “No hacemos otra cosa que alentar a seguir los pasos de la administración nacional. En efecto, el antecedente que invocamos se trata de un acuerdo para la creación de una `Unidad de Ética y Transparencia´ firmado recientemente por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, y el administrador general de Vialidad, Javier Iguacel. La nueva entidad actuará en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad y trabajará con asistencia técnica de la Oficina Anticorrupción, siguiendo sus lineamientos en conformidad con los estándares internacionales en materia de acceso a la información pública y de procedimientos de compras y contrataciones”.
“Creemos que el ejemplo es válido para intentar replicarlo a nivel provincial, en procura de más transparencia y control de la obra pública vial, en beneficio de una adecuada y eficiente inversión de los fondos públicos”, concluyó Artusi.
Tambièn en la Naciòn buscan transparencia
En un intento por transparentar el esquema de contrataciones del Estado, el Gobierno nacional dispuso la creación de un sistema público de registro y precalificación de empresas que pretendan participar de la licitación de obras públicas.
Frente al intenso desfile judicial de ex funcionarios kirchneristas y empresarios beneficiados con la adjudicación de proyectos durante la anterior administración, el esquema general de licitaciones al que se encuentra abocado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, junto con los secretarios de Obras Públicas y Vivienda, funcionará en la práctica como un filtro por el que deberán pasar las compañías que busquen sumarse al plan nacional de infraestructura, un programa que solo para el territorio bonaerense prevé inversiones por más de $ 150.000 millones en los próximos ocho años.
La propuesta implica crear un sistema único, al que se podrá acceder a través de internet, en el cual las empresas deberán registrarse para ser calificadas con un criterio común aplicado por un consejo asesor antes de realizarse las licitaciones. El consejo, que estará integrado por la Cámara Argentina de la Construcción, el gobierno nacional, el de la Ciudad de Buenos Aires y el de las provincias que deseen sumarse, evaluará parámetros de ingeniería, facturación, empleo y la conducta de los postulantes en licitaciones anteriores, entre otros ítems, para emitir una calificación automática y solo condicionada a la veracidad de la información que se brinde.
Así, se busca que desde el primer momento sea de conocimiento público si una empresa puede o no estar en condiciones para participar en una licitación. Y evitar, a su vez, la duplicación de esfuerzos por parte de las compañías, con la presentación de papeles cada vez que se lanza el llamado para una nueva obra.
En la Rosada consideran que fijar reglas comunes y conocidas para la calificación favorecerá la competencia y evitará la cartelización de los proveedores. Y remarcan que “todo organismo del Estado que licite solo podrá plantear requisitos de aceptación más flexibles pero nunca más estrictos” que los contenidos en el sistema único.
Asimismo, consideran que “los criterios calificados evidenciarán la eventual aparición de empresas fugaces con méritos insuficientes frente a las obligaciones que les resultan encomendadas”.
Desde la semana próxima el esquema se pondrá a discusión con las cámaras del sector, la Unión Obrera de la Construcción y el consejo de ministros provinciales de Obras Públicas. Y será aplicado a través de un decreto en los próximos meses. “El plan de Obras Públicas se va a nutrir de esto”, señaló el subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, quien remarcó la importancia de agilizar, transparentar y profesionalizar el proceso. (Recintonet)