La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ordenó continuar con las investigaciones tendientes a desmantelar una banda dedicada al contrabando de estupefacientes desde la República Oriental del Uruguay para su comercialización en el país.
El tribunal rechazó así una pretensión de la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Milagros Squivo, para derivar la competencia de la investigación por tráfico de estupefacientes a Capital Federal y provincia de Buenos Aires, puesto que allí se encontraría la base de la organización criminal. El criterio del tribunal para sostener su decisión fue que «la investigación se muestra como incipiente a los fines de la dilucidación de la presunta organización de tales actividades vinculadas al narcotráfico cuyos miembros se domiciliarían en ajena jurisdicción, no obrando elementos de convicción que permitan determinar el lugar de comisión de tal presunto delito».
La causa se inició a partir de un secuestro de droga en el puente internacional que une las localidades de Paysandú y Colón. En diciembre de 2012 fueron detenidos Edgar Humberto Stella Dinelli y César Augusto Nieto cuando pretendieron ingresar al país, procedentes del Uruguay, con 63 y 17 kilogramos clorhidrato de cocaína, respectivamente, en distintos vehículos. Ambos quedaron detenidos y fueron procesados por el delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa. A raíz de ello, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, ordenó realizar tareas de inteligencia en las inmediaciones del puesto aduanero y, como fruto de aquellas investigaciones, Gendarmería aportó filmaciones que permiten llegar hasta una red internacional que trafica drogas desde el Uruguay para venderlas en los grandes centros urbanos.
Estos datos fueron avalados por informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Dirección General de Aduanas donde se mencionan a varias personas domiciliadas en Capital Federal y provincia de Buenos Aires y que serían parte de la organización. Una vez recibidos los informes de la AFIP-DGA, la fiscal Squivo planteó en tres ocasiones su incompetencia para continuar con las investigaciones por la comercialización de estupefacientes, por lo que sugirió la remisión del expediente a las jurisdicciones que correspondan y que en Concepción del Uruguay solo tramite la causa contra Stella Dinelli y Nieto por contrabando. Entonces, el planteo de la fiscal era que se hiciera un desglose parcial de la causa: que el juez Seró continuara investigando solo respecto de las tareas de logística llevadas a cabo en la jurisdicción entrerriana, pero no el narcotráfico, que eventualmente podría volver a incorporarse si se probara que no se trata de hechos independientes.
Squivo insistió en que la organización dedicada a actividades de narcotráfico funcionaría en extraña jurisdicción (Capital Federal y provincia de Buenos Aires), y que también allí están domiciliados sus integrantes. Sin embargo, el juez Seró rechazó dos veces la declaración de incompetencia y luego también lo hizo la Cámara Federal de Apelaciones, por considerar que «la investigación se muestra como incipiente a los fines de la dilucidación de la presunta organización de tales actividades vinculadas al narcotráfico», pero a la vez el tribunal no descarta que parte de la cocaína tenga como destino la provincia de Entre Ríos, por lo que ordena, nuevamente, continuar con las investigaciones.