Se cumplen seis años de la ley nacional de presupuestos mínimos, y diversas instituciones alertaron de la emergencia forestal en la que se encuentra el país. Entre Ríos, sigue sin adherir.
Se cumplen seis años de la ley nacional de presupuestos mínimos, y diversas instituciones alertaron de la emergencia forestal en la que se encuentra el país. Entre Ríos, sigue sin adherir.
Paraná.(RN). Seis años transcurrieron ya de la sanción de la Ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, y el país “continúa en una verdadera emergencia forestal”. Así lo advierten en un documento, al que accedió Recintonet, elaborado por Greenpeace, FARN y Vida Silvestre, que fue presentado ayer a los gobiernos provinciales. En su mensaje, destacan que no debe permitirse retroceder en el nivel de conservación, sino que la normativa apunta hacia su incremento progresivo. La iniciativa fue acompañada por ochenta organizaciones de todo el país. Cabe recordar en este contexto que Entre Ríos continúa sin adherir a la normativa nacional, incluso fue archivado un proyecto que avanzaba en ese sentido. Mientras tanto, los desmontes avanzan, y con ellos se amplía la frontera agrícola en desmedro de la biodiversidad.
La consigna «Ni un paso atrás» hace referencia a que se deben respetar los mapas de ordenamiento territorial que elaboraron veinte provincias clasificando tres categorías de conservación: rojo, amarillo y verde. En tal sentido, advirtieron que la Ley de Bosques no permite efectuar «recategorizaciones prediales» que permitan aumentar la zona de desmontes. Si bien el ordenamiento se debe modificar cada cinco años, el documento enfatiza que ello no puede implicar un retroceso en la conservación, sino sólo incrementarlos. Por último, destaca el principio de “no regresión ambiental», que fue recientemente incorporado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la que Argentina es un Estado Miembro.
En el documento remarcaron que la norma nacional “significó un avance sin precedentes, y un logro trascendental de la participación de la sociedad civil en el reclamo efectivo de una norma de protección ambiental”, y recordaron que “veinte provincias han realizado el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) y los han refrendado mediante una ley provincial”.
“Además es fundamental concluir, de manera participativa, los procesos de OTBN en todo el país y refrendarlos por leyes emanadas de las legislaturas provinciales; modificar aquellos que no cumplen con los artículos y criterios de sustentabilidad ambiental establecidos por la ley nacional; y revisar aquellos que presentan incongruencias entre sí respecto de zonas que abarcan ecorregiones compartidas entre al menos dos provincias”, consideraron las organizaciones, y remarcaron que “la reglamentación de la Ley de Bosques establece que la modificación de los ordenamientos debe realizarse cada cinco años. Sin embargo, es importante advertir que disminuir las categorías de conservación de los mismos, y por ende de la superficie boscosa, viola la normativa nacional y sus principales objetivos”.
“La modificación de leyes ambientales no puede significar un retroceso en los niveles de protección alcanzados con anterioridad, sino por el contrario incrementarlos. Todo retroceso implicaría estar atentando contra principios ambientales consagrados en la Ley N° 25.675 de `equidad intergeneracional´, el de `progresividad´ y el de `sustentabilidad´ y el principio de `no regresión ambiental´, el cual fue recientemente consagrado por resolución del Congreso Mundial de la Naturaleza en el marco de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), de la cual la República Argentina es Estado Miembro”, advirtieron finalmente.(RecintoNet)