El presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Alfredo Francolini, se reunió con dirigentes de AGMER para explicarles que Nación se hará cargo de lo que resta pero no habrá más construcciones. Peligran los proyectos locales. El Presidente del IAPV informó a las autoridades docentes que el Gobierno nacional no está autorizando nuevos cupos para viviendas, ni en Entre Ríos, ni en ninguna otra provincia pero no obstante dio cuenta del “compromiso” de remitir los fondos para terminar lo que está en obra.
En el día de ayer la Comisión Directiva Central de AGMER se reunió con el presidente del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV), Alfredo Francolini, para demandar la continuidad de las obras de viviendas para docentes y la celeridad en el inicio de los grupos que ya fueron licitados y todavía no tienen comienzo de obra.
Sin autorización
En este marco, Francolini aseguró que desde el Gobierno nacional no se están autorizando nuevos cupos para viviendas, ni en Entre Ríos, ni en ninguna otra provincia, y agregó que el compromiso de Nación es remitir los fondos para terminar lo que está en obra, pero no hay previsión presupuestaria para nuevas viviendas, por lo que no hay cupos de nuevas viviendas para 2016. Respecto de las viviendas comenzadas y que faltan terminar son 19 viviendas en Federación que se iniciarán a fin de este mes. En María Grande son 16 viviendas y en Paraná otras 40 viviendas. En tanto que en los próximos meses comenzarán a construirse 26 viviendas en Chajarí, 16 en Colón y otras 16 en San José.
En nuestra ciudad
En relación a las obras licitadas pero que no se han iniciado, como el caso de nuestra ciudad, Franzolini explicó que se está a la espera de la obtención del certificado de no objeción financiera, que debe emitir el Gobierno nacional, que aún no ha dado aprobación, aunque sí el certificado de no objeción técnica.
Desde Agmer exigieron “celeridad en las gestiones del IAPV ante las autoridades nacionales” y expresaron su “preocupación por el retiro del financiamiento nacional a la obra pública, tanto para viviendas como en este caso, como para refacciones, ampliaciones y construcciones escolares”, situación que “no sólo afecta a los trabajadores y sus familias que demandan este derecho, sino que se traslada a miles de trabajadores de la construcción que han sido despedidos por las empresas contratistas del Estado. Advertimos que de esta forma, se está obligando a la población a recurrir a los bancos para acceder al crédito hipotecario, beneficiando sólo a sectores del capital financiero que cobran tasas usurarias, precisamente en el mismo momento que se incrementaron los costos y valores para acceder al plan Procrear”, finalizaron señalando desde el gremio docentes.