La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, expresó su «enérgica condena y repudio a la violación de los derechos humanos» de una familia Qom, en Chaco, por parte de un grupo de policías de esa provincia, y aseveró que en el gobierno «no hay espacio para la represión ilegal cometida por fuerzas de seguridad ni para la impunidad».
La funcionaria sostuvo que «la violencia institucional es una práctica ilegal y la protección de los pueblos indígenas son políticas centrales de nuestra gestión».
En declaraciones a Télam, Losardo afirmó que «en nuestro gobierno no hay espacio para la represión ilegal cometida por las fuerzas de seguridad. No vamos a tolerar situaciones como la ocurrida en la localidad chaqueña de Fontana, donde policías provinciales torturaron y golpearon a una familia de la comunidad Toba Qom, en cuya casa irrumpieron sin orden de allanamiento».
«Repudio y condeno enérgicamente este hecho, porque es un gravísimo acto de violencia y discriminación, una violación a los derechos humanos mediante una violencia institucional que no tiene lugar en el país que estamos construyendo», añadió.
Además, la ministra valoró «la actuación del gobierno de Chaco y de la policía provincial, al apartar a los efectivos de la Comisaría tercera que protagonizaron este accionar violento e ilegal».
«Es importante destacar que la administración provincial decidió ser querellante en la causa. La sanción política y judicial es la mejor acción para erradicar estos ataques a las comunidades aborígenes y evitar que se repitan», amplió Losardo a esta agencia.
Añadió que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que depende de su cartera, «requirió al Ministerio de Seguridad chaqueño la inmediata intervención de la Comisaría tercera y la separación preventiva de los policías que estuvieron en funciones la noche del operativo».
«Se solicitó también que la comunidad Toba Qom participe de la investigación sumaria y que se garantice la atención médica y psicológica a las víctimas y de sus familias. Esperamos que la justicia chaqueña trabaje con celeridad», aseveró la funcionaria.
Afirmó también que «tenemos un compromiso con el Estado de Derecho y con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Nuestro ministerio, trabaja contra la violencia institucional. En este gobierno no hay lugar para la impunidad».
En cuanto a los policías acusados por el hecho, dijo que «deberán cumplir la pena que eventualmente les corresponda por cometer delitos con la rigurosidad que les cabe a funcionarios públicos, a los que la sociedad les entregó la responsabilidad de protegerla y ellos evidentemente no cumplieron»