Como todos los años, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, sindicatos y organismos de derechos humanos de la ciudad se concentraron en la Plazoleta de los Derechos Humanos para marchar desde allí a Plaza Ramírez, en donde tuvo lugar el acto central en recuerdo a los 30 mil desaparecidos por el terrorismo de Estado a partir del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976.
En el acto por el día de la memoria, se realizó la lectura del documento único producido por la Comisión de la Memoria y que tuvo las firmas de: Familiares de detenidos y desaparecidos, AGMER, ATE, CTA, dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, agrupación Pocho Lepratti, Juventud Guevarista, Frente Estudiantil Universitario, área Memoria y Derechos Humanos de UADER, Partido Comunista, Carta Abierta, Nuevo Encuentro, La Cámpora, JP Evita, Frente UADER entre todos, Asociación de Ex Presos Políticos, Jóvenes por la Memoria, agrupación docente Carlos Fuentealba y centro de estudiantes de la facultad de Humanidades.
Uno de los primeros puntos del documento fue remarcar la responsabilidad del elemento cívico dentro del golpe del Estado: “No debemos olvidar que este Estado terrorista hubiese sido imposible sin el apoyo activo del poder económico de la Sociedad Rural, de la Unión Industrial, del Sector Financiero, de la cúpula de la Iglesia Católica, de los grandes medios de comunicación, de los jueces de la dictadura que cajonearon expedientes y se vendaban los ojos frente a la mas atroz injusticia que recuerda nuestra historia reciente y también con el apoyo de los importantes sectores dirigentes de los partidos políticos históricos de nuestro país”. Asimismo, se recordó que el terrorismo de Estado se inició antes del 24 de marzo del 76, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón con el Operativo Independencia y el accionar de la triple A de José López Rega. “Fue el aniquilamiento de una lucha y resistencia obrera, que durante la década del 60 y del 70 habían desarrollado una clara conciencia de sus intereses y de la necesidad de luchar por sus derechos”, afirmó el documento.
También se remarcó que el poder económico “fue la verdadera causa del golpe genocida y el aniquilamiento del pueblo trabajador, la deuda externa que hoy seguimos pagando es una herencia maldita de ese periodo que resultó de la estatización de la deuda privada”. Ratificaron los reclamos que los organismos de derechos humanos como el sostener la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los juicios en curso y el acompañamiento a las victimas a través del sistema del Centro Ulloa y del programa de protección del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. A su vez, continuar con la búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio y el fortalecimiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y del Banco de Datos Genéticos; como así también preservar los espacios de memoria en los lugares en que funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y avanzar con los búsqueda de los prófugos acusados por delitos de lesa humanidad.
Marcha recordando el Día de la Memoria
(FOTO, epígrafe: La marcha se dirigió a Plaza Ramírez)
Como todos los años, partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, sindicatos y organismos de derechos humanos de la ciudad se concentraron en la Plazoleta de los Derechos Humanos para marchar desde allí a Plaza Ramírez, en donde tuvo lugar el acto central en recuerdo a los 30 mil desaparecidos por el terrorismo de Estado a partir del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976.
En el acto por el día de la memoria, se realizó la lectura del documento único producido por la Comisión de la Memoria y que tuvo las firmas de: Familiares de detenidos y desaparecidos, AGMER, ATE, CTA, dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, agrupación Pocho Lepratti, Juventud Guevarista, Frente Estudiantil Universitario, área Memoria y Derechos Humanos de UADER, Partido Comunista, Carta Abierta, Nuevo Encuentro, La Cámpora, JP Evita, Frente UADER entre todos, Asociación de Ex Presos Políticos, Jóvenes por la Memoria, agrupación docente Carlos Fuentealba y centro de estudiantes de la facultad de Humanidades.
Uno de los primeros puntos del documento fue remarcar la responsabilidad del elemento cívico dentro del golpe del Estado: “No debemos olvidar que este Estado terrorista hubiese sido imposible sin el apoyo activo del poder económico de la Sociedad Rural, de la Unión Industrial, del Sector Financiero, de la cúpula de la Iglesia Católica, de los grandes medios de comunicación, de los jueces de la dictadura que cajonearon expedientes y se vendaban los ojos frente a la mas atroz injusticia que recuerda nuestra historia reciente y también con el apoyo de los importantes sectores dirigentes de los partidos políticos históricos de nuestro país”.
Asimismo, se recordó que el terrorismo de Estado se inició antes del 24 de marzo del 76, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón con el Operativo Independencia y el accionar de la triple A de José López Rega. “Fue el aniquilamiento de una lucha y resistencia obrera, que durante la década del 60 y del 70 habían desarrollado una clara conciencia de sus intereses y de la necesidad de luchar por sus derechos”, afirmó el documento. También se remarcó que el poder económico “fue la verdadera causa del golpe genocida y el aniquilamiento del pueblo trabajador, la deuda externa que hoy seguimos pagando es una herencia maldita de ese periodo que resultó de la estatización de la deuda privada”.
Ratificaron los reclamos que los organismos de derechos humanos como el sostener la actuación como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los juicios en curso y el acompañamiento a las victimas a través del sistema del Centro Ulloa y del programa de protección del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación. A su vez, continuar con la búsqueda de los jóvenes apropiados y nacidos en cautiverio y el fortalecimiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y del Banco de Datos Genéticos; como así también preservar los espacios de memoria en los lugares en que funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y avanzar con los búsqueda de los prófugos acusados por delitos de lesa humanidad.