Un nuevo proyecto de ley ingresado en la Cámara Baja propone modificaciones a la norma provincial Nº 10.027 del Régimen de Municipios, para acotar el plazo en que los departamentos ejecutivos municipales puedan responder pedidos de informes a los concejales, pero además dispone disminuir el número de avales necesarios para que éstos tengan curso. Si avanza en el recinto, los intendentes deberán responder estos pedidos en un período más corto: pasaría de los actuales 120 días a 30 días; y los avales necesarios se reducirían de los 3 o 4 concejales exigidos hoy a sólo 2. El texto es autoría de Jorge Monge (Cambiemos-Diamante), que recogió el acompañamiento de sus pares de bancada. El legislador de extracción radical reflotó un proyecto de 2012 del bloque de la UCR, que perdió estado parlamentario.
Estrictamente, Monge propone modificar el artículo 1º de la Ley 10.082 en lo que respecta a la modificación introducida en el artículo 91º de la Ley 10.027 el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 91º: El mismo Cuerpo, con la aprobación de dos (2) de sus miembros, puede solicitar al Departamento Ejecutivo, en cualquier época del año, los datos, informes o explicaciones que sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, los que deberán ser suministrados por escrito o verbalmente por el Presidente Municipal, en un plazo máximo de treinta (30) días.”
De esta forma, Monge propone retornar a la redacción original de la Ley 10.027 en ese artículo. Esa norma fue sancionada a principios de 2011, pero reformada pocos meses después, donde se introdujeron modificaciones que en algunos casos, dijo Monge, “constituyeron, sin hesitación alguna, una regresión inadmisible”, según expuso el bloque opositor en la sesión del 14 de diciembre de ese año al momento de aprobar las reformas, que luego quedaron plasmadas en la Ley 10.082.
En ese orden, el diputado advirtió sobre “las afectaciones a los derechos de acceso a la información que se ven violados con el texto en vigencia. Los ediles se encuentran en situación más desfavorecida que el resto de los ciudadanos para acceder a la información pública municipal. En el Estado moderno, tanto la publicidad de los actos de gobierno y su correlato, el derecho al acceso a la información pública son pilares fundamentales de la calidad institucional y la transparencia, razón por la cual toda reglamentación de tal acceso no puede tolerar requisitos que hagan de imposible cumplimiento el derecho protegido”.
Y añadió que “la mentada modificación del artículo 91º producida por la Ley 10082 de diciembre de 2011 en los hechos ha vedado en muchos casos la elevación de pedidos de informes, con el aumento del número de concejales firmantes requeridos”, ya que la actual redacción exige 3 firmas en los Concejos Deliberantes de 7 y 9 miembros, mientras que esa exigencia se eleva a 4 firmas para los demás cuerpos legislativos.
“Un exagerado aumento en el pedido de firmas para requerir informes y una vinculación disociada con la cantidad de concejales de cada concejo deliberante, viola el espíritu que los convencionales de 2008 quisieron darle al nuevo art. 13 de la Constitución de Entre Ríos”, sentenció Monge.
No es la primera iniciativa presentada en ese sentido este año. En abril, como también informó Recintonet, la diputada María Alejandra Viola (Cambiemos-La Paz) presentó una propia. No obstante, propone que ese plazo, que actualmente es de 120 días, se reduzca a 90, pero no modifica la cantidad de avales necesarios, como sí lo hace el texto ingresado por Monge.
(fuente: RecintoNet)