Así se desprende de una investigación de CIPPEC, donde incluye a Entre Ríos entre las que tienen plazos inferiores incluso al estipulado por la OIT. En la Legislatura no avanzó un proyecto de Diputados y de AGMER sobre el tema.
Así se desprende de una investigación de CIPPEC, donde incluye a Entre Ríos entre las que tienen plazos inferiores incluso al estipulado por la OIT. En la Legislatura no avanzó un proyecto de Diputados y de AGMER sobre el tema. Paraná.(RN). Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) de diciembre de 2013, Entre Ríos está entre las seis provincias del país con licencias por maternidad, paternal y familiares inferiores a 98 días, que es el plazo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La acompañan en ese grupo Salta, Jujuy, Tucumán, San Luis, y provincia de Buenos Aires. Los restantes distritos se dividen entre los grupos de licencias entre 99 y 120 días; entre 121 y 150 días; y superiores a 150 días.
De acuerdo a lo remarcado en el estudio del organismo apartidario, “los niños y niñas de la Argentina reciben, desde su primera infancia, un trato discriminatorio según la inserción laboral de sus padres”, y según el director del Programa de Protección Social y Salud de CIPPEC, Fabián Repetto, «solo el 50,4% de las trabajadoras y el 49% de los trabajadores están actualmente cubiertos por las licencias».
Las licencias maternales, paternales y familiares están reguladas por leyes diferentes que tienen distintos alcances, como la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley del Régimen de Trabajo Agrario, la nueva ley para el personal de casas particulares, el Convenio Colectivo de Trabajo del Empleo Público y otros convenios. Así, mientras una trabajadora de una casa particular tiene desde 2013 una licencia por maternidad de 90 días, una empleada pública de nivel nacional tiene una licencia de 100 días. En el caso de las docentes y empleadas públicas provinciales, hay diferencias según la provincia, con un mínimo de 84 días en Jujuy y un máximo de 210 días en Tierra del Fuego, reconstruyó la investigación de CIPPEC.
Por otro lado, la Ley de Contrato de Trabajo otorga dos días corridos de licencia por paternidad. Pero un empleado de la administración pública nacional tiene 5 días de licencia; un trabajador agrario, 30 días y, en el caso de los docentes y otros empleados públicos provinciales, la licencia varía entre los 2 y los 25 días según la provincia. Estas diferencias también se replican en las licencias familiares. Y la Ley de Contrato de Trabajo no establece licencias para los padres y madres que adoptan hijos. «Por su parte, los trabajadores y trabajadoras informales, monotributistas y autónomos no cuentan con ningún tipo de licencia», explicó Gala Díaz Langou, coordinadora del Programa de Protección Social y Salud de CIPPEC.
Hoy hay en el Congreso 45 proyectos de ley que buscan modificar el régimen de licencias. En este contexto, el trabajo de CIPPEC acerca recomendaciones que una nueva ley nacional de licencias debería tener en cuenta. «Es clave avanzar a un esquema universal y fiscalmente sostenible, que incluya a los trabajadores formales independientes y a los trabajadores informales extendiendo la asignación universal por hijo y por embarazo», indico Repetto. Los expertos de CIPPEC proponen una cobertura homogénea, con un piso común para las licencias por maternidad y paternidad, y una licencia familiar con una lógica flexible que puedan usar el padre o la madre. Además, indican que es necesario igualar los derechos de las madres y los padres adoptivos.
El costo de extender las licencias
CIPPEC estimó el costo de ampliar las licencias de maternidad, paternidad y familiares, sistema que actualmente ascendería a $2.847,5 millones. «Un escenario de mínima, que supone ampliar a 98 días la licencia por maternidad –el piso recomendado por la OIT-, a 10 días las de paternidad y a 12 días las licencias familiares, costaría $4.248 millones, o un 0,16% del Producto Bruto Interno (PBI)» sostuvo Damián Bonari, investigador principal del Programa de Protección Social y Salud de CIPPEC. El costo de un escenario de máxima, que implicaría generar incentivos para una más justa distribución de las tareas en el interior del hogar, con una licencia de maternidad de 120 días, una de paternidad de 30 días y una licencia familiar de 90 días, asciende a $13.764 millones, o un 0,53% del PBI.
En Entre Ríos
Según registró Recintonet, actualmente en la provincia el artículo 14 de la Ley Nº 3289 Estatuto del Empleado Público dispone “La agente tendrá derecho, cualquiera sea su antigüedad a una licencia por maternidad de noventa (90) días corridos con goce de haberes, a partir del octavo mes de embarazo”. Y, a partir del fin de la licencia por maternidad, “la agente gozará de dos horas diarias continuas al comienzo o finalización de la jornada, durante un lapso de noventa días corridos para la atención del recién nacido”. De esta forma se observa que la provincia no cumple con el plazo mínimo recomendado por la OIT, que es de 98 días.
El 18 de mayo de 2011 la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley unificado de los es legisladores Ana D´Angelo y Eduardo Jourdán, por el que ampliaban este plazo. De ese modo, el artículo sería reemplazado por el siguiente: “La licencia por maternidad para el personal de todas las jerarquías de los tres poderes del Estado, sus reparticiones u organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas del Estado provincial, se otorgará por el término de treinta (30) días anteriores al parto y ciento ochenta días (180) posteriores al mismo”. Sin embargo, todavía no fue estudiado el proyecto en el Senado.
Otra iniciativa que no prosperó fue la impulsada por la sede central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) en 2011, con la anterior conducción gremial. Tras la media sanción de la iniciativa de Diputados, presentó en el Senado un proyecto de ley sobre un Régimen unificado de maternidad, paternidad, adopción y niñez para ampliar los alcances de la normativa, pero no tuvo mayor tratamiento en la Legislatura. Así lo confirmó en 2012 a Recintonet el secretario de Jubilados, Roque Santana, quien recordó que el entonces senador José Panozzo (Chajarí) se había “comprometido en su momento en hacerlo propio y presentarlo”. Ya sin integrar la Cámara, el texto “quedó en una situación de archivo”, lamentó el dirigente gremial, quien señaló también: “Hubo legisladores que se acercaron para tomar la propuesta, pero no cuentan con el número para sacarla y hacerla ley”.
“Era un proyecto totalmente actualizado, hasta contenía la nueva situación que es el matrimonio civil (igualitario); planteaba deberes, obligaciones y derechos para esta lógica del conyugue sin importar si es heterosexual u homosexual; y sobre todo era una cuestión de resguardo a la maternidad”, realzó Santana en ese momento. Y confió: “Tengo que decir que no tomó ni estado parlamentario y que es algo que a nosotros nos quedó pendiente. Se detuvo la posibilidad de dar una cobertura de mayores derechos sociales justamente a la minoridad y a la maternidad, y que no se reducía al trabajador de la educación”.