Todas las organizaciones e instituciones relacionadas a la salud mental y los Derechos Humanos, junto a entidades académicas y estudiantiles, rechazaron la derogación encubierta de la Ley de Salud Mental.
Por intermedio de un decreto a la firma del presidente Mauricio Macri que altera el espíritu de la ley vigente y reinstala la lógica manicomial la perspectiva médica biologicista, excluye los abordajes interdisciplinarios y retoma el modelo tutelar de incapacitación que expropia la voluntad de los pacientes para tomar decisiones y los transforma en objetos de cuidado y no en sujetos con derechos.
También permite la internación compulsiva al restablecer el concepto de peligrosidad basado en riesgos potenciales, sin contemplar si corre riesgo la vida del paciente o de terceros. Por todo esto, las organizaciones alertaron que las modificaciones que se quieren instalar eludiendo el debate parlamentario arrasan con la ley aprobada por unanimidad en 2010 e implican un “grave retroceso” en cuanto a la perspectiva de Derechos Humanos de la norma que protege a los usuarios de salud mental en el país.
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