Paraná.(RN). El lunes de esta semana, el ministro de Producción Carlos Scheppens recibió a representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) con “agenda abierta”, como se informó desde la entidad. Entre los temas que abordaron, estuvo el tributario. Y, entre ellos, en el comunicado difundido desde la UIER se menciona, casi como al pasar, lo siguiente: “entre otras, se refirieron a temas impositivos entre lo que se destacaron las verdaderas aduanas interiores que existen en algunas provincia, la ley 4.035 y su necesaria derogación”.
El fondo de asistencia social previsto en la Ley 4.035 se conforma con la contribución de los trabajadores del sector privado, del 6 por mil sobre sus salarios, y el aporte patronal del 1,5 por ciento. Pero este último aporte hace más de un año atrás era del 3 por ciento.
Como se recordará, en diciembre de 2013 y tras la revuelta policial en la provincia, la administración de Sergio Urribarri impulsó lo que se denominó como “el impuestazo”, en base a un proyecto acercado por la CTA oficialista. La reforma tributaria, promulgada bajo el número 10.270 y que comenzó a regir en enero de 2014, significó que la industria deje de estar eximida de Ingresos Brutos (comenzó a abonar una alícuota del 1 por ciento si estaba radicada en la provincia, y pasó del 3,5 al 5 por ciento la alícuota para las industrias sin establecimientos locales). Respecto de la Ley 4.035, el aporte patronal se duplicó: del 1,5 por ciento vigente en ese momento pasó al 3 por ciento.
Pero, el 26 de septiembre de 2014 la Legislatura dejó sancionada la ley 10.323. en ese norma, y tras un encuentro con el sector industrial, el gobierno dio marcha atrás con el avance impositivo sobre la industria: volvió a eximirla de Ingresos Brutos y el aporte patronal para la Ley 4.035 se retrotrajo, en forma escalonada, al 1,5 por ciento (a partir del 1° de octubre de 2014 quedó fijada en el 2,5 por ciento; a partir del 1° de abril de 2015, se fijó en el 2 por ciento; y a partir del 1° de octubre de 2015 fue del 1,5 por ciento).
Pero ahora, por lo que se desprende del comunicado oficial de la UIER, parece que el sector directamente pide por la derogación de la ley creada en diciembre de 1954 para dar cobertura económica a la ancianidad, a la madre y a la invalidez.
Cabe destacar que en octubre de 2014, se incrementó el monto de la pensión a 1.300 pesos, un monto que sigue siendo ínfimo al lado de lo que se recauda por ese concepto. Según datos de la ATER, constató Recintonet, en diciembre de 2015 por la Ley 4.035 ingresaron al Estado 36.800.307 pesos, 4,5 millones de pesos más que el mismo mes de 2014, cuando la recaudación por este concepto fue de 32.239.187 pesos.
Pero, como marcó hace dos años Entre Ríos Ahora, el gobierno sólo destina al pago del beneficio apenas un 25 por ciento del total que recauda.
Fondos para Salud Entre Ríos
En octubre del año pasado una polémica puso el foco en la pensión 4.035. fue cuando Accesolibre.org informó que los 5 millones de capital social para la cuestionada sociedad de Salud Entre Ríos –que maneja el Hospital del Bicentenario de Paraná- se iba a conformar con fondos provenientes de la ley que otorga pensiones a personas carenciadas. (RecintoNet)