El Gobierno provincial interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una nueva demanda contra el Estado nacional por los fondos excedentes de Salto Grande. La presentación reclama u$s 175 millones por la fijación desde 2013 de un precio por la generación de energía no sustentable. Además, plantea la necesidad de que Entre Ríos participe a futuro en el diseño del valor que se paga por la electricidad de la represa.
“Ayer se presentó una nueva demanda contra el Estado nacional por Salto Grande. Hace 4 meses el Gobernador (Rogelio Frigerio) nos encargó que viéramos qué pasaba con los excedentes que tenían un comportamiento tan irregular: subieron en un momento y bajaron en otro”, precisó este mediodía el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes en conferencia de prensa. A su lado estaba la secretaria de Energía, Noelia Zapata.
El funcionario relató que luego de hacer un análisis con técnicos de Energía, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Casfeg elaboraron la demanda que pretende “una recomposición de la ecuasión económica financiera insita en los acuerdos de 1999 que dieron lugar a los fondos excedentes”.
A fines del siglo pasado, Entre Ríos reclamó la propiedad de la represa. La salida acordada fue que la represa transifiera a las provincias del litoral sus ganancias, resultado de restar a sus ingresos los gastos de mantenimiento.
El destino de esos fondos era realizar las obras complementarias a la represa: navegación y riego, entre otros.
“Los excedentes de Salto Grande dependen del precio de la energía. Y ese valor, hasta hoy, lo fija la Secretaría de Energía. Lo que planteamos es que hay que modificar, con intervención de la provincia, el modo en el que se establece el precio de la energía para que haya excedentes y que contemple el valor de las obras complentarias que no están hechas”, puntualizó.
Los 175 millones de dólares que Entre Ríos reclama se sustentan en un cálculo retroactivo de un valor de la energía que produce Salto Grande en base a esos criterios. “La estimación se hizo desde 2013”, puntualizó Zapata. La represa recibe el menor valor por Mwh de todo el sistema, indicaron.
La pretensión provincial es que la Corte declare la inconstitucionalidad de todas las resoluciones de Energía desde ese año en adelante, comentó Rodríguez Signes.
Esta demanda complementa, consignó el Fiscal de Estado, la anterior. Meses atrás, Entre Ríos ya había interpuesto una acción ante la Corte por un valor de 3 mil millones de pesos más intereses por fondos excedentes no transferidos. Ese monto se calculó con el valor vigente, no con el que se pretende imponer en forma retroactiva al 2013.
Zapata también aclaró que, aún en el mejor escenario, la tarifa eléctrica que pagan hogares y empresas no bajará.
Por último, Rodriguez Signes evaluó que la Nación no está en condiciones de hacer una reconvención, es decir una contrademanda contra Entre Ríos por los fondos que sí recibió y no aplicó a la construcción de obras complementarias a la represa. “Toda la rendición de cuentas de Cafesg está aprobada por Nación, el Estado argentino convalidó la inversión” que realizó el órgano y que, en su mayoría, fueron acciones de desarrollo social u obras menores.