En una nueva sesión virtual, la Cámara de Senadores de Entre Ríos dio sanción definitiva a la Ley de Emergencia que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura la semana pasada y que había tenido media sanción de Diputados el miércoles. La votación resultó 13 a 4 a favor de la iniciativa.
Desde el oficialismo rechazaron las críticas de la oposición y de los gremios, que calificaron a la norma como un ajuste sobre los trabajadores, debido a que eleva los porcentajes de aportes personales de los activos y pasivos con mayores ingresos.
El senador justicialista Amilcar Genre Bert, de La Paz, fue el encargado de fundamentar la iniciativa. Sostuvo que en el contexto de la pandemia por el coronavirus y la crisis mundial “quedó expuesta la importancia del rol Del Estado». Al igual que los diputados oficialistas el miércoles, destacó el carácter transitorio de la emergencia y lo que consideran su carácter «solidario».
Ante las fuertes críticas del radicalismo y los gremios estatales, que señalan el ajuste que implica la norma, el legislador aseguró que «es una definición que falta a la verdad” y argumentó que “solo alcanza a escasos trabajadores”.
En una votación nominal, el bloque justicialista votó en pleno a favor de la norma, aunque la representante de Feliciano, Nancy Miranda, se opuso particularmente a dos artículos. Juntos por el Cambio votó en contra de la iniciativa.
Miranda manifestó no estar de acuerdo con distintos párrafos de los artículos 4 y 6, que son justamente los cuestionados por el aumento de los porcentajes de aportes.
Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta manifestó luego de la sesión: «Enfrentamos una crisis sin precedentes, un momento que es extraordinario y muy delicado para Entre Ríos, para la Argentina y para el mundo. Y en este duro contexto el gobierno de Entre Ríos junto al gobierno nacional y los municipios, vienen haciendo un gran esfuerzo para acompañar a todos los sectores. Reafirmar ese camino es precisamente el espíritu de la Ley de Emergencia Solidaria, que hoy aprobó el Senado entrerriano».
La ley
La iniciativa sancionada este jueves declara el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos.
La emergencia se extenderá hasta el 30 de junio de 2021, prorrogable por única vez mediante decreto del Poder Ejecutivo 180, días en caso de que a su criterio se mantenga la situación de emergencia.
Los alcances de la ley se aplicarán a los municipios adheridos al sistema previsional, a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes escentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado.
En razón del estado de emergencia, y con el fin de mantener el sostenimiento del régimen previsional provincial, se dispone que los aportes personales se calcularán sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema: a) hasta 75.000 pesos, 16%; b) desde 75.001 a 100.000, 18%; c) desde 100.001 a 200.000, 20%; d) desde 200.001 en adelante, 22%.
Además se establecen, durante la vigencia de la emergencia, una serie de aportes solidarios extraordinarios que serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, con destino a cubrir el déficit previsional. Se aplicará de esta manera: a) desde 75.001 pesos a 100.000, 4%; b) desde 100.001 a 200.000, 6%; c) desde 200.001 a 300.000, 8%; d) más de 300.001, 10 %.
Por otra parte, para la actividad de comercio mayorista de medicamentos para uso humano, se fija una alícuota del 4% en Ingresos Brutos; salvo para pymes y cooperativas. Y se establece un aporte extraordinario equivalente al 10% del impuesto inmobiliario anual, aplicable a los inmuebles de la planta 6 y 7, cuya superficie sea igual o superior a 1.000 hectáreas.
Asimismo, todos los aumentos salariales del Estado quedarán sujetos a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren.