Los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio advirtieron, sobre la reforma judicial, que se trata de un «plan de impunidad» que tendrá un costo fiscal de $ 4.000 millones. Así lo hicieron saber tras el encuentro que se llevó a cabo de forma virtual.
Mientras el Gobierno envió el proyecto de Ley de Reforma Judicial al Congreso que busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias, parte de la oposición se junta a debatir de forma virtual para oponerse a la medida.
«La llamada reforma judicial que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $ 4.000 millones anuales», resaltó Juntos por el Cambio tras un encuentro virtual del que participaron sus principales referentes, incluido Mauricio Macri, quién se encuentra en Francia.
En dicho texto también advirtieron: «En un contexto en el cual la economía se derrumba en una escala sin precedentes, crecen el desempleo, la desigualdad y la pobreza, los esfuerzos de los tres poderes del Estado y de las fuerzas políticas deben estar puestos en trabajar en una mejora sustancial del Estado, para hacerlo más productivo y en la eliminación de los privilegios».
Los dirigentes de JxC consideraron que «semejante desconexión respecto de lo que deberían ser las prioridades del gobierno en el actual escenario, no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo».
«El proyecto enviado al Senado es contradictorio con la reforma de fondo del sistema de enjuiciamiento penal, concebida por el nuevo Código Procesal Penal Federal. El sistema acusatorio demanda más fiscales y no más jueces», evaluaron.
Mientras se conocieron las opiniones de los dirigentes de JxC, esta iniciativa comenzará a ser debatida este martes en el Senado, con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en la primera de una serie de audiencias que continuará hasta fines de agosto.
La intención del oficialismo es escuchar los detalles que la funcionaria desplegará en una videoconferencia que se llevará a cabo durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, y luego avanzar en una ronda de preguntas en las que se esperan algunos cuestionamientos de parte de los integrantes de la oposición. Losardo abrirá las audiencias, que continuarán durante las próximas semanas.