Se reanudó el cuarto intermedio dispuesto por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, en la causa 186/18, caratulada “Luisa Esther Toledo S/Privación ilegítima de la libertad”, dos hechos.
Por razones de salud, la imputada –ex priora del Convento de las Carmelitas Descalza de Nogoyá- se le dispensó la obligación de asistir a las audiencias intermedias. El Tribunal está integrado por los magistrados Darío Crespo (ejerce el rol de director del debate y tiene el primer voto), y los vocales Javier Cadenas (segundo voto) y Alejandra Gómez (tercer voto). Por su parte, el Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Rodrigo Molinas y el fiscal general coordinador Jorge Gamal Taleb; mientras que la defensa particular de la imputada es ejercida por los abogados particulares Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli. En esta causa ya han declarado las dos víctimas, familiares de las mismas como así también otros testigos que dieron cuenta del infierno que padecieron las denunciantes bajo la tutela de la madre superiora. En la jornada de hoy, declararon un oficial de la Policía, quien tuvo a su cargo el procedimiento de allanamiento y requisa ordenado por el juez de Garantías para el Convento de las Carmelitas de Nogoyá; cuya investigación periodística habilitó la apertura de un legajo penal de oficio que derivó en el juicio oral y público que se sustancia en Gualeguay; y un ex sacerdote que acompañó a una de las víctimas, una vez que pudo liberarse del Convento de Nogoyá. Rodolfo José Miguel Martínez, es oficial principal y presta servicios en la División de Investigaciones de la Jefatura Departamental de Nogoyá, desde hace seis años. Estuvo a cargo del procedimiento del allanamiento y relató al tribunal que el 25 de agosto de 2016 aproximadamente a las 5:30 le ordenaron realizar la medida procesal, cuyo contenido y objetivo se anotició en ese mismo momento. Para ello se tomaron algunos recaudos como el de convocar a personal policial femenino y como es habitual en todo allanamiento se contó con el apoyo del Grupo Especial, además del Gabinete Criminalístico y el médico de Policía. Martínez recordó que el objetivo del oficio era secuestrar elementos vinculados con los tormentos y castigos como látigos, cilicio y mordazas, además de examinar físicamente a las internas del convento. Al llegar al Convento, se hicieron anunciar por el portero eléctrico y explicaron para qué estaban allí presentes. Indicó que una voz de mujer, que se identificó como la madre superiora del convento les dijo que no podían ingresar y que para hacerlo necesitaban de la autorización del Papa. De todos modos, la Policía ingresó a través de unas rejas y luego insistieron golpeando otras puertas para que les abrieran. Así, pasaron a una habitación más pequeña que tenía en un lateral un molinete que no permitía el contacto visual. Nuevamente una voz de mujer que se identificó como la madre superiora, les insistía que no podían ingresar. De todos modos, a través de ese molinete le pasaron el oficio del allanamiento y ella se mantenía en la postura de que necesitaban la autorización del Papa. “Irrumpimos la próxima puerta con el Grupo Especial y cuando ingresamos nos atiende una mujer que se identifica como la madre superiora”, relató Martínez y dio cuenta de manera inequívoca, precisa y con detalles, que Luisa Esther Toledo en todo momento se mostró reacia a colaborar con el procedimiento. “Soy católico y me recibí en un colegio marista y me sentí desilusionado con el comportamiento de la madre superiora”, referenció el oficial de Policía. La situación de falta de colaboración se mantuvo mientras duró todo el procedimiento y el Policía recordó que la madre superiora los insultaba y les decía que iban a ir al infierno por haber allanado el convento. También indicó que todo el procedimiento se realizó con testigos civiles hábiles, que eran vecinos la Convento, que también manifestaron su asombro, sorpresa y desagrado por el mal trato dispensado por la madre superiora. Martínez recordó que el médico de Policía en presencia del personal femenino de esa Fuerza intentó revisar a las hermanas del Convento, pero solo lo pudo hacer de manera muy superficial, sin tocamientos de ninguna clase y en todo caso, solo de manera visual. Con respecto a los elementos secuestrados, látigos (identificados como disciplina), cilicios y mordazas, reconoció a todos (más de veinte elementos en total) y relató que fueron entregados de manera voluntaria por las hermanas del Convento. Indicó que, al promediar el allanamiento, la madre superiora se contactó con una escriba, quien se acercó al Convento y esa presencia permitió calmar en algo la situación porque le hizo entender a Toledo que la medida judicial se tenía que realizar de todas formas. Martínez recordó que, a pesar de esas razones, la madre superiora se negó a firmar el acta y siempre se mostró agresiva, con insultos hacia el personal policial y con una actitud claramente de no colaboración con la Justicia. A tal punto fue esta actitud dominante –recordó el oficial de policía- que las demás hermanas en ningún momento se pudieron manifestar, porque cada vez que lo intentaban eran silenciadas por la madre superiora. También declaró Mariano Martínez, quien como sacerdote asistió a una de las víctimas cuando pudo dejar el Convento de Nogoyá. Si bien en la actualidad ya no es sacerdote y se dedica a la docencia, Martínez explicó que contaba con la autorización de esa víctima para relatar al tribunal parte de lo vivido por ella. Indicó que al principio la conocía de manera indirecta, a través de la familia de ella porque eran muy colaboradores con la parroquia y que de a poco le iban compartiendo las distintas situaciones que padecía en el Carmelo y ratificó lo mismo que había manifestado la víctima al Tribunal en su momento. Las audiencias continuarán mañana y se reanudarán los días 25, 27 y 28 de junio, oportunidad en que se esperan los alegatos de clausura; para luego el Tribunal pasar a un cuarto intermedio para madurar su adelanto de veredicto.