Adrián Gómez, director del IOSPER por el agrupamiento municipal, manifestó que el Gobierno Provincial “no ha dispuesto por ninguna norma el aval a los aranceles mínimos que dispone el Colegio de Odontólogos”.
Al respecto Gómez manifestó que el Colegio de Odontólogos está ejerciendo una actividad delegada del Gobierno a través de la ley 7253 donde se establecen las funciones y atribuciones; en esa ley, respecto a los aranceles, expresamente en su artículo 15º, inciso k), dispone que los aranceles para ser obligatorios en su aplicación, deben ser avalados por el Gobierno Provincial, es decir que el Colegio solamente pueden propiciar su aplicación, no pueden imponerlas unilateralmente.
Referente a posibles acuerdos con el Colegio, Gómez manifestó, que por ahora “están muy lejos en los números ya que fue imposible acordar cuando en la estructura de costos que nos presentan, surge el monto que deberíamos pagar desde la obra social personal administrativo del consultorio, lavandina, trapos de piso para el aseo, conexión de internet, y otros menesteres, quedando así un costo de casi 230 mil pesos solamente de gastos para sostener un consultorio».
Además de esto, agregó Gómez, «plantean en la estructura de costos que todos los odontólogos deben tener a fin de mes, libre de todo gasto, más de 420 mil pesos, así que sumado a los costos y sobre la base de esa suma, más o menos 650 mil pesos, calculan el valor de las prestaciones, imposible de pagar en una obra social de empleados públicos y que no recibe aportes como el resto, ni tampoco recibe subsidios ni reintegros”.
Sobre la legalidad de la medida del Colegio, Gómez manifestó que «la Fiscalía de Estado fue enfática al afirmar que el Consejo Directivo del COER no se encuentra jurídicamente habilitado para imponer aranceles mínimos a sus matriculados. El COER, ejerce una actividad, como la de regular matrículas, pero con facultades limitadas y dentro de esas limitaciones está que no pueden imponer obligatoriamente aranceles. Es el propio Estado, con este dictamen, el que le dice, no avale ni te autorice a que hagas semejante cosa…»
Según el Director de la obra social, «además de seguir hablando para encontrar una solución colectiva o de manera individual con odontólogos, lógicamente después del dictamen de la Fiscalía, esperamos que la Justicia, en los expedientes sobre este tema, resuelva para dar mayores garantías a los odontólogos y se pueda razonablemente volver a disponer de un servicio de salud para una parte importante de la población, no solo IOSPER, sino el resto de obras sociales en similar situación, donde los odontólogos por los temores de sanciones o multas e inclusive perder la matrícula, dejaron de atender a la familia trabajadora».
El representante de los municipales en el Directorio, expresó que «el IOSPER, está concretando todos los pasos para que se restablezcan los convenios con los prestadores odontólogos, el Gobierno también se pronunció a través de la Fiscalía, esperamos con ansias que la Justicia también se expida en forma perentoria, y así restablecer un servicio de salud a gran parte de la población entrerriana, que hoy ve imposibilitada de atenderse por sus altos costos y los salarios solamente alcanzan para la alimentación. Por eso no está bien que la atención bucal sea únicamente para los que tienen elevados ingresos o para las emergencias, donde un trabajador debe dejar en una atención básica el 10 o el 20 por ciento de su salario”.
Finalmente, Gómez afirmó que «es necesario que las autoridades de salud de la provincia, inviten a la reflexión a los involucrados en esta situación que tienen una actividad delegada por el propio Estado, de la corrección y prudencia en el ejercicio y uso de la misma, y todo ello sin dejar de mencionar que la gran mayoría estudió en universidades públicas, sostenidos por los impuestos de todos, un esfuerzo del país para ser devueltos con servicios. Podemos discutir costos y honorarios, pero con la realidad de este país, de esta provincia».