Lo dijo el diputado Albornoz al cuestionar con dureza la actitud del magistrado, que no habilitó una instancia de mediación ante el intento de desalojo con represión en Paraná, pese a que hubo un ofrecimiento del defensor del Pueblo. Qué empresa contratista del Estado está vinculada al caso.
Lo dijo el diputado Albornoz al cuestionar con dureza la actitud del magistrado, que no habilitó una instancia de mediación ante el intento de desalojo con represión en Paraná, pese a que hubo un ofrecimiento del defensor del Pueblo. Qué empresa contratista del Estado está vinculada al caso.
Paraná.(RN). En el marco de la sesión de la Cámara Baja, el diputado Juan José Albornoz (FpV-Gualeguay), había fustigado la declaración del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que respaldó la medida de desalojo que se intentó concretar ayer en Paraná e incluyó represión a la familia, y con el coordinador provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Emiliano Gómez Tutau, detenido. El legislador del Movimiento Evita, espacio que acompañó a la familia de la capital entrerriana que iba a ser desplazada de sus viviendas, pidió “no criminalizar la conducta del ciudadano que se solidariza con los mismos”, en respuesta a los cuestionamientos del Alto Cuerpo.
Para Albornoz, según registró Recintonet: “Se está invirtiendo, por parte de la cabeza de un poder del Estado, los términos de la verdadera justicia”, y ahondó: “En lugar de revisar fallos judiciales que nosotros consideramos abusivos, que pueden ser violatorios de los derechos de los más humildes, lo que está poniendo en el eje es una aparente desobediencia, obstaculización, para el cumplimiento de medidas judiciales”. Y recordó distintos procesos que se evitaron de remates a campos de productores y de viviendas de deudores de juicios hipotecarios, por lo cual instó a intervenir en el caso de Paraná donde está siendo afectada la familia Petrecheli.
Por la tarde, el legislador habló con el programa “En el dos mil también” que se emite por FM Nueva Litoral y reprodujo Recintonet. En ese ámbito, contó que Tutau fue quien lo acercó a la familia que se intentó desalojar, ya que el joven –también dirigente del Movimiento Evita- es vecino del barrio donde ocurrieron los incidentes. Además, volvió a repudiar el procedimiento judicial y la “desproporción en el medio empleado” por la intervención de la Guardia de Infantería Adiestrada (GIA), así como que no se haya habilitado una instancia de mediación a través del defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, quien se había ofrecido a tal fin y consta en el expediente.
“Haré todo lo que esté a mi alcance para que Coglionese deje de ser juez”, afirmó Albornoz, quien evidenció que el intento de desalojo “es una clara muestra de criminalización de la pobreza y la protesta social. Han victimizado tres veces a esa gente”. Y soltó: “La consigna de Coglionese es ‘propiedad o muerte’”. Además, dijo que fue el gobernador Sergio Urribarri quien ordenó detener el desalojo: “Hablé con el gobernador y él me aseguró que él ordenó interrumpir el procedimiento. A las 6.10 de la mañana le comuniqué a un secretario privado del gobernador que había un desalojo violento”.
Sobre el primer intento de desalojo, ocurrido el 2 de diciembre, Albornoz indicó que la familia aseguró que no había sido notificada. “Está viciado el procedimiento y vamos a intentar demostrarlo. En mi carácter de legislador y utilizando las prerrogativas que la Constitución nos otorga vamos a utilizar toda esa capacidad para que el Superior Tribunal de Justicia revise la actuación judicial en estas causas, donde hay un sucesorio, un usucapión y desalojo; son causas que están concatenadas donde se discute la posesión del inmueble”, anticipó.
Sobre el terreno en sí reveló: “Tengo la información de un documento que motoriza el juicio de desalojo que es una cesión de derechos por 10 mil pesos de 2014”, dijo, e ironizó sobre el bajo valor del terreno en esa zona de la ciudad. Además, reveló quién tiene interés en el desalojo: “Los que fueron en el primer procedimiento y llevaron topadoras son los empresarios de Cemyc, esos son los intereses que están detrás. Son ellos los adquirentes”. Al observarle el periodista que Cemyc es contratista del Estado, Albornoz deslizó: “Y seguramente, debe haber intereses económicos, pero nada justifica el fanatismo en este procedimiento”