Con esa frase graficó la dimensión de la investigación, y estimó que habrá “cientos de imputados” por el desfalco a la ATER. Aclaró que la prescripción del delito es a los seis años, plazo que podría extenderse en caso de existir algún funcionario involucrado.
Con esa frase graficó la dimensión de la investigación, y estimó que habrá “cientos de imputados” por el desfalco a la ATER. Aclaró que la prescripción del delito es a los seis años, plazo que podría extenderse en caso de existir algún funcionario involucrado. Paran{a.(RN). “El plazo de prescripción del delito (investigado) es de seis años en principio. No se podría investigar más atrás que eso, salvo que el delito fuese llevado a cabo por funcionarios, situación que extiende el plazo”, explicó el procurador general Jorge García en referencia a la causa que investiga el desfalco a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) que comenzó tras una denuncia de su propio titular, Marcelo Casaretto. No obstante, el funcionario judicial graficó: “De todos modos, con seis años nada más me parece que tenemos para hacer dulce de leche”, dijo respecto a la causa caratulada “Fraude a la administración pública en concurso ideal con simulación de pago”, y en la cual podrían surgir “o una coautoría por omisión funcional o incumplimiento de los deberes de funcionario”, observó García.
El procurador estimó que serán “cientos los imputados” en la causa, cuyas indagatorias comenzarán la próxima semana con los dos empleados de la ATER sindicados como “infieles”, y que habrían llevado adelante la maniobra. “Sospechamos que no son solamente estas dos personas que se denunciaron originariamente, sino que viene de una costumbre de mucho más atrás y el mismo ente tributario amplió la denuncia por hechos que llegan hasta el 2008”, remarcó el procurador, quien puso la mira, además, en los controles en el organismo recaudador. “Diría que hay absolutamente un problema estructural en los controles de la ATER. Es impensable que en una estructura de un ente tributario provincial un empleado pueda con un simple Enter de una computadora dar de baja una deuda. Hay diseños informáticos erróneos y un pésimo entrecruzamiento de datos. No puede ser que la Contaduría General no se entere que faltan 18 millones de pesos. Evidentemente muestra una burocracia que es muy frágil”, advirtió, en diálogo con el programa “En el dos mil también” que se emite por FM Nueva Litoral y reprodujo Recintonet.
Respecto a las imputaciones, sostuvo que abarcarán a “todos los titulares de las empresas, como copartícipes de las maniobras denunciadas, y otras empresas más; pero esto no lo llevan adelante sino por departamentos contables, así que seguramente la coautoría o participación necesaria de otros profesionales va a aparecer en el curso de la investigación”, pronosticó García. Y apuntó que en el caso del ex tesorero General de la Provincia, Gustavo Gioria: “Tendría una vinculación de asesoramiento con una empresa, pero eso no se ha visto todavía reflejado en las pruebas. Si esto es así seguramente tendrá que comparecer en las mismas condiciones”. En última instancia, explicó: “Para evitar que se forme una megacausa estamos charlando establecer un corte en la primera denuncia y resolver ese tema, y hacer una segunda investigación en los años que vaya hacia atrás hasta los tiempos de prescripción”.