Los integrantes del colectivo ambientalista “Basta es Basta” de la provincia denunciaron al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, por el delito de “instigación a desobedecer la autoridad”.
La denuncia se debe a sus declaraciones periodísticas en las que negó la sentencia vigente sobre las distancias para fumigar y alentó a los productores a incumplir con la ley que garantiza mil metros para las aplicaciones terrestres y tres mil metros de protección para el caso que se haga de forma aérea, en inmediaciones de escuelas rurales.
“El amparo está vigente, le guste o no a Rodríguez Signes”, indicaron, además de señalar que el Fiscal de Estado “en vez de defender a los fumigados, defiende a los fumigadores”.
El viernes pasado se conoció la decisión del Vocal de la Cámara Civil y Comercial, Sala III de Paraná, Virgilio Galanti, quien resolvió admitir parcialmente la demanda deducida por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) contra el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y, en consecuencia, estableció la nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad de los Artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 2239/19 GOB, y de las restantes normas que en el mismo y en su Anexo importen reglamentación y/o aplicación de los artículos cuya inconstitucionalidad dispuso la Justicia.
Se trata de la causa en relación a las distancias que deben respetarse para fumigar en inmediaciones de escuelas rurales.
Ese mismo viernes, Rodríguez Signes brindó una entrevista en el programa “Campo en Acción”que se emite por Radio Nacional. El fiscal respondió ante la pregunta del periodista agropecuario Miguel Ruberto sobre la situación legal en la que se encuentra hoy un productor, y en forma textual sostuvo: “La sentencia no está firme, es decir, en la medida que la provincia interponga un recurso de apelación está vigente el Decreto 2239”.
Desde el colectivo Basta es Basta se le recordó al fiscal que él “es un funcionario público con responsabilidades especiales frente a la ciudadanía, su accionar tendencioso no sólo incita a la ilegalidad, sino que genera un daño grave a las instituciones y al sistema democrático”.
“Después intenta confundir aún más cuando continua: recién volveremos atrás si el Superior Tribunal confirma la sentencia, mientras tanto está vigente el Decreto 2239”, advirtieron los ambientalistas.
“Estas afirmaciones configuran una grave mentira jurídica, inconcebible en boca de un funcionario con ese nivel de responsabilidad que conoce perfectamente el funcionamiento de los procedimientos legales”, reprocharon. B