El Gobierno exige a las provincias que justifiquen el gasto en vivienda. Envió a gobernadores e intendentes dos notas para que demuestren en qué gastaron los fondos; comprobó que algunas obras habían avanzado mucho menos que el dinero aportado; es la condición para nuevos desembolsos
En julio y agosto pasados, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, que maneja Domingo Amaya, les envió a todos los gobernadores -incluidos los oficialistas- y a los intendentes que recibían de manera directa los fondos dos notas para verificar en qué se gastaron los recursos destinados a la construcción de viviendas que les envió el Estado nacional.
En julio se enviaron notas a los institutos provinciales de vivienda, el nexo entre los gobernadores y el gobierno nacional para captar los fondos del Estado. Allí, la secretaría les reclama que envíen para cada iniciativa el «certificado de avance físico y su correlato con el avance financiero de la misma». El mismo documento pide también que las provincias clasifiquen en qué etapa se encuentra la obra (finalizada, en ejecución, paralizada) o si se pide la baja de aquélla.
Los casos llamativos
Según fuentes de la Secretaría de Vivienda, Entre Ríos devolverá $ 2,5 millones que le envió el Estado nacional porque no puede justificar el avance de la obra en proporción a los fondos que recibió. El número es menor si se lo mira en el marco de las cuentas nacionales, pero demostrativo de la nueva situación en la que las autoridades exigen pruebas para corroborar el destino de los recursos. En paralelo, Vivienda se tornó más exigente al momento de pagar la construcción de las viviendas sociales.
El 18 de agosto les hizo llegar un documento a provincias y municipios donde establece nuevos criterios para liberar fondos. Cada documento que se le envíe a la secretaría con pedido de pagos deberá estar acompañado de ocho fotografías georreferenciadas (con el posicionamiento espacial del inmueble) que reflejen el grado de avance de la obra que se está certificando. Cuatro de ellas deberán ser tomadas desde cada vértice y cuatro desde el centro en dirección a cada uno de los puntos cardinales para permitir «observar y evaluar el grado de avance físico informado».
Esa documentación tendrá carácter de declaración jurada. Así, Vivienda espera evitar más casos. También se pusieron en marcha otros procedimientos para disminuir el riesgo de que el dinero de las viviendas desate nuevos casos de corrupción. Por ejemplo, los fondos para las casas y para la mejora del hábitat se transfieren ahora a una cuenta específica para ese rubro que se les obligó a abrir a todas las provincias.
Antes, las gobernaciones solían utilizar una sola cuenta bancaria para recibir los fondos que les enviaba la Nación, algo que hacía imposible rastrear el destino final del dinero, uno de los primeros trabajos que hace la Justicia para verificar si hubo irregularidades en el uso de los fondos públicos. Y desde hace aproximadamente dos meses el Gobierno comenzó a hacer auditorías con drones en distritos de todo el país para corroborar el estado de las obras y si el avance físico está en línea con las erogaciones que hizo el Estado.