El fin de semana largo sirvió para calmar un poco el ánimo de trabajadores y dirigentes sindicales de la empresa avícola FEPASA, que mantiene con su plantilla de personal deudas que ya rondan los 8 millones de pesos.
Pero el fin de semana resultó propicio también para que algunos operarios de la planta frigorífica llegaran hasta el domicilio del Ministro de Educación, José Lauritto y que otro grupo se hiciera presente en la casa del titular de la empresa, Guillermo Davrieux. Las respuestas, como es natural, fueron bien diferentes. Mientras el empresario manifestó su convicción de que «la solución no está en sus manos», Lauritto encargó a los trabajadores que lo visitaron que «preparen los números de la actividad en la empresa», cosa de dificultosa realización. Pero quienes se mueven en el núcleo del conflicto dicen en voz baja que «la solución inicial ha sufrido complicaciones que las autoridades provinciales parecen desconocer», en virtud de que la respuesta, al menos en el orden público, ha sido derivada casi exclusivamente en el despacho del Ministro de la Producción, Roberto Schunk. Se conoce, por ejemplo, que las deudas por granos es casi de la misma magnitud que el precio del molino donde se fabrica el alimento balanceado. Pero como es a un único proveedor, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ligada al intendente Carlos Schepens, se ha transformado en un «problema menor», en el contexto de la complicada situación financiera de la empresa, con proveedores de insumos y servicios, tales como gas, electricidad y transporte. Precisamente ese es uno de los puntos de mayor conflictividad después de la deuda por salarios. Es que sin posibilidad de sacar la producción de las granjas, tampoco es posible continuar normalmente la faena. Los trabajadores temen que la solución, si es que finalmente llega, lo haga demasiado tarde, cuando los montos de las deudas con proveedores superen los ingresos por aportes externos, comprometidos entes de la primera vuelta de las elecciones legislativas de principios de agosto. Restan poco más de dos meses para el comicio de octubre y, si bien nadie cree que se pueda llevar hasta ese límite la resolución del conflicto, el margen de maniobra de dirigentes sindicales, empresarios y políticos, es cada día más restringido.