La provincia de Entre Ríos presentó este martes, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad, tendiente a declarar la nulidad de los decretos 561 y 567 del Poder Ejecutivo Nacional. Se trata de las disposiciones que modificaron el régimen de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias. La presentación ante el máximo órgano judicial del país lleva la firma del gobernador Gustavo Bordet y cuenta con el patrocinio del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes.
El fundamento es que ambos decretos “alteran el sistema el de coparticipación instituido por la Constitución Nacional y por la ley 23.548”. “Los decretos son decisiones jurídicas de menor rango de las que se necesitarían para modificar el régimen». En el mismo sentido, el fiscal de Estado agregó: «Para modificar el régimen son necesarias leyes del Congreso nacional o leyes convenio a través de pactos fiscales inherentes a este tipo de normativa”.
Indicó además que para el caso de la provincia de Entre Ríos, “el Ministerio de Economía ha calculado el perjuicio en alrededor de 1.600 millones de pesos». «Esto significa, aproximadamente, la mitad del aguinaldo que tiene que pagar el sector público a fin de año”, graficó por último.