Las provincias concluyeron 2014 con su cuarto año consecutivo de resultado fiscal deficitario, cercano a los $9.000 millones. Un informe, elaborado por una ONG y conocido esta semana, destaca la situación de Entre Ríos, pero le observa mayor presión fiscal y dependencia de los ATN del Tesoro Nacional.
«La magnitud del desequilibrio fiscal provincial viene reduciéndose: pasó de 5,1% de los ingresos totales en 2011, a alrededor de -1,2% estimado por CIPPEC para 2014. Sin embargo, esta mejora se apoya en tres pilares de dudosa persistencia en 2015: la acreditación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por más de $9.000 millones, en un contexto de estrechez fiscal para el gobierno nacional;
un fuerte ajuste de las cuentas provinciales, con caída de la inversión de un máximo del 12% del gasto provincial en 2007 a alrededor del 9% en 2013, y un significativo aumento de la presión tributaria, de alrededor del 4% del PIB en 2003 a un nivel récord de más de 6% del producto en 2013, en un marco de caída del nivel de actividad y problemas en el mercado laboral», dice el informe elaborado por profesionales del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una ONG especializada. El año comienza con desafíos no triviales para las finanzas provinciales.
Por un lado, seis de las principales provincias afrontarán este año amortizaciones de deuda cercanas a los $35.000 millones, de las cuales más del 70% están denominadas en moneda extranjera o atadas a la cotización del tipo de cambio, lo que expone a las cuentas públicas provinciales a las fluctuaciones cambiarias. Por otro, la suba de impuestos experimentada en 2014 difícilmente pueda ser repetida en un contexto de recesión económica y en un período eleccionario como el actual. En paralelo, sueldos y jubilaciones explican alrededor de la mitad del gasto provincial, lo que sugiere que la caída de la inversión experimentada en 2014 podría continuar este año y así acentuar la tendencia contractiva del ciclo económico.
Situación de las seis principales
De acuerdo a la información disponible a octubre de 2014, las seis principales provincias de la Argentina -Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos- habrían terminado el año anterior con un resultado financiero superavitario. Otra medida crucial para las finanzas provinciales en 2014 fue la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados y no distribuidos a diciembre de 2013 por $9.200 millones, para reducir el stock de deuda y mejorar el resultado fiscal 2014 de las provincias participantes en el PFD. Las erogaciones en personal explican alrededor de la mitad del gasto público para el consolidado provincial.
La política salarial tiene un peso determinante en las finanzas provinciales: representa en promedio casi el 50% del gasto total. Beneficiadas por la distribución de ATN, Buenos Aires, Mendoza y Entre Ríos, fueron las tres provincias que recibieron mayor cantidad de esa ayuda del gobierno nacional. La CABA prácticamente triplicó su resultado financiero positivo, de alrededor del 2% de los ingresos totales entre enero y septiembre de 2013 a más del 6% en el mismo período de 2014.
Entre Ríos, por su parte, logró revertir un déficit de -3,5% de los recursos totales entre enero y septiembre de 2013 y muestra un superávit de 2,4% para el mismo período de 2014. El stock de deuda representa alrededor de la mitad de los recursos totales de Buenos Aires, en tanto para Entre Ríos y la CABA representa alrededor de un 25%. Santa Fe, Buenos Aires y CABA son las provincias con la deuda más dolarizada o vinculada con las fluctuaciones cambiarias. En contraste, Entre Ríos es la provincia menos expuesta a las fluctuaciones cambiarias, con menos del 40% del stock de deuda dolarizada o atada al tipo de cambio.
PILARES
La mejora se sustenta sobre tres pilares de dudosa persistencia a futuro: la acreditación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en un contexto de estrechez fiscal para las cuentas nacionales; un fuerte ajuste en las provincias y un significativo aumento de la presión tributaria, junto a la caída del nivel de actividad y problemas en el mercado laboral.