Serían seis de incluirse la derogada Arroz del Delta Entrerriano. Dos de ellas fueron para salvar la empresa láctea Cotapa y el Frigorífico de San José. La última fue la Compañía de Tierras.
Serían seis de incluirse la derogada Arroz del Delta Entrerriano. Dos de ellas fueron para salvar la empresa láctea Cotapa y el Frigorífico de San José. La última fue la Compañía de Tierras.
Paraná.(RN). A mediados de 2010, ante la crítica situación que atravesaba la firma láctea de Paraná Cotapa, el gobierno entrerriano constituyó, aval legislativo mediante, una Sociedad Anónima con mayoría estatal. La ley 9.967 surgió de una iniciativa del gobernador Sergio Urribarri para reflotar la empresa que venía en crisis desde fines de 2003. El ministro de Producción, Roberto Schunk, explicó en su momento que el proceso de creación de la nueva empresa “no implicará ningún costo” para las arcas provinciales. Tras los cinco millones iniciales que el gobierno invirtió en la firma, volvieron a sucederse inyecciones de dinero en la firma, con fondos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, según se asegura en las resoluciones. Sin ir más lejos, en abril de este año se asignó a Cotapa un aporte no reintegrable de 4.000.000 de pesos. El monto estaba destinado a la adquisición de excedentes de leche cruda, a fin de incrementar su producción de leche en polvo y larga vida.
Además, en julio de 2012 se le asignó a la firma láctea un aporte de 2.690.000 millones de pesos mediante la Resolución Nº 0895 del Ministerio de Producción. Allí se indicó también que el subsidio será “atendido con los fondos aportados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación en el marco del Convenio N° 46/12 suscripto entre esa cartera y la Provincia de Entre Ríos en fecha 7 de junio de 2012, para destinar al financiamiento de parte del capital de trabajo del mes de julio de 2012”.
Esta sociedad fue la primera de una seguidilla de firmas conformadas por el Estado entrerriano. La segunda de ellas fue la conformada por ley 10.039, de julio de 2011, por la que se constituyó la Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, con la finalidad de adquirir, poner en funcionamiento y explotar la planta frigorífica ex Vizental ubicada en la localidad de San José, departamento Colón, que estaba en propiedad de la firma Brasileña JBS Argentina S.A. (ex Swift). Es conocida la crítica situación del frigorífico, incluso según dio a conocer esta semana El Entre Ríos la actividad está frenada, algo que fue confirmado luego a ese medio por el jefe de la planta, Mario Vidal. “Estamos parados. Corroboro los datos que publicaron; la nota refleja tal cual lo que pasa. Está en vías de anuncio una posible solución que el gobierno provincial –a través del Ministerio de Producción- anunciaría próximamente, pero desconozco el alcance de la medida”, dio a conocer el empleado. La planta cuenta con 120 trabajadores: “En el frigorífico no hay actividad. Está complicada la entrega de hacienda y el sector cárnico”, dice Mario Vidal sobre la crisis del sector, pero deja un mensaje esperanzador para el frigorífico sanjosesino que tanta expectativa generó en toda la región a partir de conocerse su reapertura.
Según el registro de Recintonet, la otra sociedad conformada por el Estado entrerriano es el Fondo de garantías de Entre Ríos – FOGAER-, bajo la forma de una Sociedad Anónima con participación Estatal Mayoritaria, con el objeto de administrar el funcionamiento del Fondo de Riesgo de Entre Ríos. Fue conformada por la ley 10.152 del año pasado. Por esta sociedad es que diputados radicales pidieron al Ejecutivo, a través de un pedido de informes, conocer “cuántas operaciones se garantizaron desde la creación del Fondo de Garantías Entre Ríos Sociedad Anónima” hasta la fecha. La oposición había acompañado la iniciativa en general, pero no en particular y exigió precisiones sobre el destino de los fondos para que “la amplitud de la ley no permita el uso discrecional del Ejecutivo”, dijeron entonces. (Ver aparte)
La ley 10.206, de abril de este año, avaló la constitución de una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria bajo el régimen de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias, que se denominará “Mercado Central de Paraná – Néstor Carlos Kirchner”. Hasta la fecha no hay novedades de avances en este proyecto.
La últimas iniciativa, sancionada en septiembre pasado, autorizó por Ley Nº 10243 al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad anónima destinada a la compra vena de tierras y que se denominará «Compañía Entrerriana de Tierras», tendrá una inversión inicial de cinco millones de pesos, y actuará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. El texto recibió fuertes críticas de la oposición en Diputados, que cuestionó con severidad el objeto de la ley al interpretar que ya existen organismos destinados a estas operaciones inmobiliarias, la calificó que “inconstitucional” y avisó que será “una ley nula”.
La sociedad tendrá por objeto la compra y venta de bienes inmuebles para facilitar el acceso a la tierra y construcción de vivienda, realizar loteos, urbanizaciones, mejoramientos de espacio del hábitat y regularización dominial, atendiendo especialmente las necesidades de trabajadores, jóvenes, familias numerosas, desocupados y en general población con ingresos medios y bajos, según reza en uno de sus artículos. Añade que para tal fin estará facultada, entre otros, para: adquirir bienes inmuebles para destinarlos a loteos urbanos/suburbanos; realizar los loteos de urbanización y espacios de hábitat; desarrollar un sistema de inscripción para la adquisición por parte del sector especificado, a precios justos; transmitir y adjudicar el dominio a los beneficiarios; transmitir a título gratuito, de acuerdo a lo que con posterioridad se reglamente para el sector que así lo amerite.
Una que no fue
Otra sociedad que fue autorizado el Ejecutivo a conformar fue la Arroz del Delta Entrerriano Sociedad Anónima, convertida en la ley 10.092 en diciembre de 2011, sancionada con rapidez y duramente cuestionada por ambientalistas por el impacto que produciría en los humedales y la forma inconsulta de su sanción. La norma, derogada días después, establecía “las bases para lograr una eficiente intervención del Estado Provincial a través de la instrumentación de las políticas públicas que provean como resultado la transformación de las tierras fiscales de propiedad de la provincia de Entre Ríos, actualmente improductivas y el mejoramiento y ampliación de la capacidad instalada de los puertos”.(RecintoNet)