Tras la fallida audiencia de fines de septiembre, donde quedó trunca la elevación porque la defensa solicitó analizar las identidades reservadas de las supuestas víctimas, a mediados de esta semana volverán a verse las caras todas las partes para finalmente elevar a la órbita del Tribunal el Legajo que se inició el año pasado.
Lo ocurrido el 26 de septiembre era previsible. Estaba dentro de las posibilidades que la defensa presentara nulidades o pedidos que pudieran truncar la elevación; y eso es lo que ocurrió. Es una de las causas más complejas y polémicas que se tramitan en los Tribunales de Gualeguaychú y por ello no asombró que se hiciera lugar al pedido que realizó Raúl Jurado, el abogado defensor de Gustavo Rivas, de conocer las identidades de quiénes son las personas que acusan a su cliente para después de ello trazar su alegato defensivo.
Como no hubo rechazo a esta requisitoria defensiva, el juez de Garantías, Tobías Podestá, dictó un cuarto intermedio hasta el 24 de octubre para reanudar la audiencia de elevación y culminarla. Eso es lo que se espera para el próximo miércoles: reanudar las discusiones y si no se presenta ningún inconveniente con las pruebas que luego serán presentadas en el debate, elevar a la órbita del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú esta causa por corrupción de menores y promoción a la prostitución.
Rivas no estuvo presente en la primera audiencia y por ello tampoco se cree que concurra a este segundo encuentro en el Juzgado de Podestá, porque no es necesaria su presencia. Este abogado de 72 años acudió en siete oportunidades a brindar declaración de imputado por cada una de las 12 supuestas víctimas que declararon en su contra, y en cada una de ellas prefirió no declarar siempre bajo el mismo pretexto: no se le informaba la identidad de quién lo acusaba por haber declarado bajo identidad reservada.
Tras la audiencia de elevación y el pedido que realizó Jurado eso cambió. Ahora la defensa conoce bien los nombres y en detalle la declaración de cada una de las supuestas víctimas y los más de 50 testimonios que la fiscal Martina Cedrés recogió a lo largo de más de un año de investigación.