El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos insumirá unos 374 millones de pesos en los últimos cinco años, cuando termine el 2016. No obstante, el último dirigente conocido que hizo condenar fue en el 2006, cuando Oscar Horacio Mori y la ex concejal Liliana Morard resultaron sentenciados por el desvío de dos aportes millonarios enviados por el Ministerio del Interior en 1997. El mayor presupuesto lo consiguió el renunciado Guillermo Smaldone en el 2015: Sergio Urribarri le otorgó casi un cien por ciento de incremento, respecto del 2014. Y una pregunta: si el nombramiento de Smaldone fue irregular, ¿otras designaciones que hubo en el TdC, desde 2014, no tuvieron idénticas desprolijidades?
La cifra asusta, pero no es más que un dato de la realidad. Entre 2012 y cuando finalice el 2016, el Tribunal de Cuentas de la provincia habrá gastado del Estado entrerriano un total de 373.876.000 pesos. Sin embargo, los resultados son algo preocupantes: en los últimos 15 años, el único dirigente conocido que denunció penalmente fue el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Horacio Mori, por el desvío de fondos millonarios a través de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN), para la fundación Aciser, con destino a la campaña proselitista del Partido Justicialista, en 1997. No obstante, el primero de esos aportes fue denunciado por la revista ANÁLISIS, en 1998 y tras ello, el organismo de control encontró el otro aporte enviado por el Ministerio del Interior y ello derivó en una investigación y una posterior denuncia ante la justicia.
Mori, uno de los hombres de confianza de Jorge Busti en el primero y segundo gobierno, recién fue condenado en el 2006 por la justicia entrerriana. Mori fue hallado responsable junto a la ex – concejal Liliana Morard y a Marcelo Sola de haber desviado dos ATN: uno por $ 465 mil y otro por $ 500 mil pesos/dólares. La sentencia fue de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos. También en 2006, Mori fue condenado a pagar 685.000 al Estado y a los abogados y peritos que participaron en la causa por las irregularidades cometidas en la compra del helicóptero Bell Ranger, que el gobierno provincial adquirió a principios de 1996, también denunciado por ANÁLISIS, del que luego se ocupó el TdC.
Nunca más hubo denuncias penales de repercusión pública del Tribunal de Cuentas, más allá de alguna cuestión menor que podía involucrar a alguna comuna entrerriana. De allí en adelante, el máximo organismo de control, en vez de controlar se ocupó de “cuidar” a funcionarios y ver cómo podía lograr que a cada uno de ellos, los números le coincidan en el debe y el haber, en cada cierre de ejercicio. De hecho, fue un papelón para el Tribunal de Cuentas el tirón de orejas propinado desde la justicia en la causa por los desvíos millonarios en el Senado, en el período 1995-1999, cuyos auditores nunca se enteraron o no se quisieron enterar. Mientras tanto, el ex vicegobernador Héctor Alanis y sus subordinados, aún esperan el juicio oral, pese al paso del tiempo. Solamente uno de ellos se acogió al juicio abreviado y recibió una condena condicional.
El accionar de Sergio Urribarri, a partir de 2008, fue clave para finalizar con la subordinación del TdC a sus pretensiones políticas. Si bien la totalidad de sus integrantes ya gozaban de la equiparación de sueldos con los miembros del Poder Judicial desde fines del primer gobierno de Busti, el sorprendente aumento de las remuneraciones, en consonancia con los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde fines de 2010, fue determinante para el posterior plan de silenciamiento. Incluso, cuando en el 2012 hubo un intento de investigaciones por los movimientos irregulares en el Ministerio de Comunicación y Cultura u otras dependencias cercanas a la Gobernación, rápidamente se dispuso el descabezamiento del presidente del cuerpo, Hugo Molina, quien estaba en el cargo desde fines de 1989 y pretendía llegar hasta por lo menos el 2016. Molina había sufrido en su momento los embates de Oscar Mori y el desgaste que ello le provocó lo llevó a aggionarse a las directivas de “no avanzar” más en causa alguna.
Fue en ese 2013 en que los casi desconocidos Mauro Urribarri -con cargo en el Senado provincial- y Guillermo Smaldone -como secretario de Trabajo de la provincia- comenzaron a visitar casi semanalmente el despacho de Molina, para exigirle su retiro del cargo. La jubilación de Molina salió en exactamente diez días y en marzo de 2014, el propio Sergio Urribarri anunció que el futuro presidente del TdC sería Smaldone, a quien poco antes había nombrado como fiscal del cuerpo, sin concurso alguno y de modo irregular. Smaldone resultó nombrado dos meses después. No fue casual que en el 2014 el presupuesto del Tribunal de Cuentas fuera de 65.273.000 pesos y que un año después se transformara en 109.079.000 pesos. O sea, casi un cien por ciento. Para este año, la cifra llega los casi 120.500.000 pesos. Smaldone subió los escalones, ordenó su estrategia de ocultamiento y firmó el nombramiento de unos 20 amigos personales, todas en las categorías más altas y con sueldos que rondan entre los 50 mil y los 60 mil pesos, para tener absoluto control. Cada resolución la hizo solamente con su firma.
También hizo nombrar a una fiscal, muy allegada a un alto funcionario del Poder Ejecutivo, con la firma del gobernador. Es decir que esa fiscal, al igual que otros altos funcionarios, estarían alcanzados por los mismos vicios de designación de Smaldone. Es decir que si hay nulidad para Smaldone, también debería existir para los otros designados por él. El tema es que nadie lo denunció aún penalmente. Tal vez no sea demasiado tarde para acudir nuevamente a la justicia y lograr que las cuestiones se sigan transparentando. O bien hacer el intento. Como para que podamos creer realmente que se puede hacer algo para avanzar contra la corrupción.
(Fuente: AnalisisDigital)